El presidente Juan Manuel Santos se la está jugado a fondo por la terminación del conflicto armado. Quien no lo vea es que está ciego o no quiere reconocerlo. La fórmula adoptada esta semana en La Habana para dar seguridad jurídica a los acuerdos de paz, es la más audaz y jurídicamente heterodoxa que se haya visto. Parte en dos la historia de Colombia.
La paz merece este esfuerzo. De lo que no estoy seguro es que lo merezcan las Farc. Pero ese es otro debate. El punto hoy es ¿por qué se ha llegado a que lo acordado con esta guerrilla se incorpore a la Constitución política como si fuese un tratado internacional? Sencillo. Por nuestra propia historia y por la desconfianza y temor que anida en las Farc. Saben que las cosas puede cambiar y que en 2018 o en 2022 un nuevo Gobierno podría echar todo para atrás, y quieren blindarse jurídicamente.
Las Farc como colombianas que son, creen en el fetichismo jurídico. Piensan que su seguridad depende de las leyes. Vaya paradoja… Pero lo importante no es qué dice una ley sino en qué creen las personas. A manera de ejemplo digo: ¿Hoy sería posible quitar el voto a las mujeres? Obvio que no, pero no porque la Constitución lo impida, sino porque el pueblo no lo permitiría. Los acuerdos de paz con el M19 y otras fuerzas gozan de estabilidad, gracias a que tienen el respaldo mayoritario de los ciudadanos. Ahí reside la solidez y la estabilidad. El pueblo es la ley.
Desde el principio Santos y las Farc se dejaron meter por el uribismo en un laberinto legalista y están haciendo actos de prestidigitación jurídica. Y se equivocan. La cuestión no es jurídica, es política. Tienen que ganarse la gente, y la gente está esperando que las Farc digan de manera expresa que renuncian a las armas, que piden perdón a sus víctimas, que harán todo cuanto a su alcance esté para repararlas, y que apuestan con sinceridad por una Colombia en paz.
Dar alcance de tratado internacional humanitario a los acuerdos de La Habana es algo muy arriesgado y difícil de explicar. Es una apuesta vulnerable. La seguridad de los excombatientes y del proceso no dependerá de que los acuerdos estén depositados en Suiza y hagan parte de la Constitución. El exterminio de la UP no se produjo por ausencia de una ley que lo impidiera. No. Lo que se debe buscar es el respaldo de eso que Gaitán llamaba el ‘país nacional’. Algo en lo cual no creen ni Santos ni las Farc. Y el problema es que esa cancha se la están regalando a Uribe y al Procurador Ordóñez, enconados opositores de la negociación, y nos podemos llevar una sorpresa. En esto ayuda con entusiasmo la terquedad política del ELN, con su apego a la guerra y a las armas.
El proceso de paz ha entrado en la recta final…muy bien. Ahora hay que seducir a la opinión pública, ganarse no las clientelas políticas, sino al ciudadano común y corriente.
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