No logro entender por qué no se aplica a los presos de las Farc la ley de amnistía aprobada por el Congreso de la República en diciembre del año pasado. Esto está dando lugar a que se cree la percepción de que, como lo afirma el analista Ariel Ávila en el diario El País (España), “las Farc hasta el momento han cumplido en prácticamente todo y el Estado colombiano en prácticamente nada, ni siquiera en las excarcelaciones”.
Y los acuerdos son para cumplirlos. De los tres mil 406 presos de las Farc, solo han recibido beneficios 985. La situación es tan crítica que la Misión de la ONU hizo un fuerte llamado de atención al Gobierno, y cientos de presos han entrado en huelga de hambre, secundada por Jesús Santrich, quien fuera hospitalizado el viernes pasado tras 19 días de huelga. Este es un pésimo precedente y el Gobierno debería emplearse a fondo para solucionarlo. Hay que ser serios si se quiere que la contraparte también lo sea.
Claro que esto no es solo cosa del Gobierno, sino de los jueces encargados de darle cumplimiento a la ley. Una vez más se comprueba el calamitoso estado en que se haya la Justicia. Cada día surge un escándalo por corrupción en el aparato judicial. El del fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, es el más notorio pero no el único. Los escándalos en la Corte Constitucional no cesan. Igualmente, esta semana trascendió que hasta con servicios sexuales habrían sobornado a magistrados del Meta, quienes vendían decisiones judiciales a delincuentes. Un caso que involucra a tres magistrados de Villavicencio. ¿Con todo esto quién puede creer en la justicia colombiana?
La corrupción en la Fiscalía es vox populi. Desde su creación hemos tenido más fiscal que fiscalía. Es lo que podríamos denominar los delirios monárquicos de las instituciones. Y ello repercute en la calidad y probidad de la institución. Hasta la fecha, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez no ha hecho nada por mejorar esto. Apenas ha tenido tiempo para defenderse de las acusaciones del senador Jorge E. Robledo. Depurar la Fiscalía y combatir la corrupción en las cortes, tribunales y juzgados es una prioridad y una urgencia nacional.
Lo más triste es el silencio de los actuales precandidatos presidenciales, con las excepciones de Claudia López, quien impulsa una consulta anti corrupción, y del mismo Robledo. Es un hecho notorio que la justicia atraviesa una profunda crisis. El incumplimiento a las Farc en la aplicación de la ley de amnistía, prueba que estamos ante un Estado que falta a la palabra (lo cual no constituye ninguna novedad) y que es dramáticamente disfuncional. ¿Qué dicen de esto el Procurador General y el Defensor del Pueblo? Los presos de las Farc, como todos, tienen derechos, e independientemente de que nos gusten o no hay que respetarlos.
El Estado demanda una reorganización, y la administración de Justicia es uno de los campos que mayor intervención requiere. Necesitamos que funcione, que sea recta, oportuna y goce de confianza y legitimidad ciudadanas.
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