Esta semana trascendió que un grupo ilegal autodenominado “Águilas Negras – Bloque Capital D.C.”, que amenazó a varios líderes sociales, periodistas y funcionarios, entre ellos el director de Cortolima, por supuestamente estar promoviendo la toma de tierras e impulsando consultas previas. En un lenguaje propio de ese tipo de organizaciones criminales, que no reproduzco por respeto a los lectores, se afirma que esas personas son guerrilleros disfrazados de líderes sociales y que ellos (Las Águilas) no van a permitir que la zona vuelva a ser tomada por “organizaciones izquierdistas”.
A todo parecer, según leo en este diario, el asunto está vinculado con una consulta previa programada para hoy y que se relaciona con el cabildo indígena Amoyá - La Virginia, una actividad que se adelanta en el marco del Plan de Manejo y Ordenamiento de la cuenca hidrográfica del río Amoyá, que busca preguntarles a las comunidades del Cañón de Las Hermosas qué piensan de la creación del Pomca. Para el director de Cortolima, Jorge E. Cardozo, esta amenaza es una “grotesca intención de mermar los esfuerzos para declarar en ordenación territorial y ambiental, en varias cuencas del territorio a través de prácticas como estas”.
El ordenamiento del territorio (no del suelo, sino del territorio, un concepto más amplio), es una potestad que la constitución del 91 confiere a los municipios (art.311), dentro del marco de la democracia participativa. Concepto que irrita a sectores ultra reaccionarios que ven “enemigos comunistas” por todas partes y engloban en la categoría de “izquierdistas” (como si fuese un delito) a cuanta persona se atreve a poner cambios sociales, políticos o económicos. Este fanatismo es una de las herencias más nefastas de un conflicto que nació precisamente en el sur del Tolima, del enfrentamiento entre los “limpios” y los “comunes” en la hacienda ganadera El Davis. La satanización del adversario político, su deshumanización, incluso para legitimar el exterminio, es de uso frecuente. Sale de los labios de líderes políticos y altos funcionarios, y encuentra eco en las mentes de personas como las que firman el panfleto amenazante, de manera que tienen mucha responsabilidad.
Ahora bien, dice Yuval N. Harari, en un artículo reciente en el País, que “Muchos de los mayores crímenes de la historia tuvieron su origen, más que en el odio, en la indiferencia. Sus responsables fueron personas que podrían haber hecho algo, pero no se molestaron en levantar un dedo. La indiferencia mata”. Sí. La indiferencia mata. Frente a amenazas como esta no es posible guardar silencio, el silencio en este tipo de situaciones es una especie de aprobación tácita que anima a los violentos a imponer su voluntad a través del terror. Por supuesto que el primer obligado a reaccionar es el Estado (Gobierno, Fiscalía, Policía), que no puede permanecer como un pintado en la pared, porque su obligación constitucional y razón de ser es garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, la convivencia, la paz y el orden, pero de todos tenemos el deber de alzar la voz y hacer algo para que en el Tolima las “Águilas” no se atrevan.
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