El encuentro por la tierra llevado a cabo la semana pasada en Ibagué, convocado por la honorable corte constitucional (HCC), indudablemente no fue un evento cualquiera.

A pesar que su apertura estuvo oscurecida por la delicada aseveración del Presidente de la República de agilizar (todavía más) los tiempos de evaluación ambiental de los proyectos extractivos, para otorgar en tiempo récord las licencias; y por la desafiante promesa de “no matar la gallina de los huevos de oro”, en alusión a la postura de su gobierno frente a la disyuntiva entre desarrollo y sostenibilidad ambiental.

Este trascendental evento dejó claro que de aquí en adelante las cosas son a otro precio, toda vez que dejó en evidencia que ya no solo son las comunidades y los gobiernos territoriales los que pretenden hacer una férrea defensa de su territorio, sino que ahora están respaldados por parte del Estado Nacional, representado ni más ni menos que por la Corte que guarda la integridad y supremacía de la carta política, y por otras importantes entidades y personalidades del país, que en el marco del encuentro, demostraron una fuerte preferencia por privilegiar la preservación de los recursos naturales, por encima de la aparente riqueza proveniente de la minería.

Y es que las intervenciones fueron contundentes. Varios expertos, juristas y ambientalistas, refrendaron la preocupación por los nefastos impactos sociales y ambientales que pueden acarrear muchos de los proyectos extractivos que pretenden desarrollarse en el país, como por ejemplo el de La Colosa. Por otra parte, la ponencia de uno de los más prestigiosos economistas de Colombia, desmintió el supuesto gran aporte que hace la minería a la economía nacional, afirmando que la renta de este sector en Colombia, es una de las más bajas de toda América Latina, llegando a representar mucho menos del 1% del PIB.

Así mismo, se observó un respaldo generalizado por parte de las diferentes instituciones participantes y más aún de los Magistrados de la HCC, a las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana con fuerza vinculante para la toma de decisiones de autoridades territoriales. Como si esto fuera poco, al tiempo que en el Encuentro por la Tierra se daba un consenso institucional en torno a la justicia ambiental, en la capital de la República el Consejo de Estado hacia su propio aporte, al tomar la valerosa decisión de suspender provisionalmente el decreto 934 de 2013, que había dejado sin competencia a los Concejos Municipales para excluir zonas de la explotación minera, por considerar que iba en contravía del principio de autonomía territorial.

En suma, lo que se vio en el encuentro de la Corte Constitucional fue una clara demostración de que muchos actores del Estado Colombiano también están en desacuerdo con la forma en que se viene poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental y los derechos de las poblaciones, al impulsar descontrolada e irresponsablemente la Locomotora Minera.

Esto necesariamente debe servir para que haya una verdadera transformación de las instituciones y del marco normativo de la minería. Porque ya es hora que el Gobierno nacional reconozca la existencia de las profundas diferencias que existen entre su visión de desarrollo y la de buena parte del resto del país, y asuma la responsabilidad de construir en consenso un modelo de gobernanza que permita conciliar el pretendido desarrollo económico con los intereses de los gobiernos y comunidades de los territorios, para quede esta manera podamos evitar que los múltiples conflictos actuales escalen, y nos conduzcan a un temible desencuentro social por la tierra.