La corrupción en Colombia sigue siendo un grave problema, acentuado particularmente en el sector público. Los escándalos de los últimos años están llevando a la ciudadanía a desconfiar cada vez más de sus instituciones y por supuesto de la clase dirigente. Tan evidente es este fenómeno, que en el informe de Transparencia Internacional de 2013, Colombia obtuvo la mayor percepción de corrupción de todo el continente americano, llevándose las peores calificaciones los partidos políticos, el parlamento, los funcionarios públicos, y el Gobierno nacional y los subnacionales.

Sin embargo, en este estigmatizado sector, también se puede encontrar mandatarios que han demostrado estar dispuestos a alzar las banderas de la transparencia y la rectitud, por encima del sinnúmero de intereses y presiones que se mueven alrededor de la gestión pública. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en el Tolima, en donde el Gobernador logró pasar de las buenas intenciones, a demostrar con hechos ciertos que la transparencia que tanto profesó desde el inicio del periodo se ha convertido en una irrefutable verdad.

La Procuraduría General de la República, que desde 2009 ha venido monitoreando el cumplimiento de las normas anticorrupción a través del Índice de Gobierno Abierto (IGA), confirmó que la Gobernación del Tolima tiene el segundo mejor desempeño del país, al alcanzar una calificación de 86.5 sobre 100. Al analizar este indicador sintético en forma desagregada, se puede evidenciar que en términos de transparencia en la contratación pública al Tolima no le pudo ir mejor, toda vez que obtuvo el mayor porcentaje de publicación de contratos comparado con las demás gobernaciones del país, lo que indudablemente garantiza una perfecta exposición de la información contractual a todos los interesados. También demostró una ejemplar implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, en la que a través de la habilitación de diferentes espacios de interacción con la ciudadanía y las demás instituciones, logró mejorar ostensiblemente los diferentes servicios, y la recepción y tramite de peticiones y denuncias. Adicionalmente, obtuvo una de las mejores calificaciones en cuanto al diálogo con la ciudadanía, ya que a través de las múltiples audiencias públicas de rendición de cuentas que ha propiciado la Administración Seccional, se aseguró una adecuada fluidez de la información con sus diferentes grupos de interés, respecto a la inversión de recursos y el cumplimiento de las metas de cada una de las políticas y programas incluidos en el Plan de Desarrollo.

Cabe resaltar, que esta es la mayor calificación obtenida por el Tolima en todas las mediciones que hasta la fecha ha realizado el Ministerio Público, lo que además de significar un gran avance en términos de transparencia y visibilidad de la gestión, deja en el pasado aquellas deshonrosas calificaciones obtenidas en el periodo anterior de gobierno. Por ello, a pesar del abrumador panorama del país, lo que se está viendo en el Tolima deja claro que sí es posible sobreponerse a las prácticas corruptas que por muchos años han imperado en el ejercicio de la función pública.

Ojalá esto sea inspirador para muchos, y que más temprano que tarde, la transparencia y la ética se conviertan en un imperativo para cualquier gobernante, para de esta manera afrontar, ni más ni menos, que uno de los más grandes obstáculos para la gobernabilidad y la competitividad de Colombia.