Esta semana comenzó con un verdadero júbilo entre los ambientalistas y demás sectores de la sociedad, que recibieron con beneplácito la información filtrada por algunos medios de comunicación respecto a la decisión que será tomada en el transcurso de los próximos días por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, que muy probablemente resultará en un concepto favorable de constitucionalidad y dará de inmediato luz verde a la convocatoria de la Consulta Popular Minera en Ibagué.
De confirmarse la noticia, el hecho establecería un hito histórico en los procesos de movilización ciudadana para la defensa de los bienes comunes: Ibagué se convertiría en la primera capital de departamento en acudir a este mecanismo democrático, como alternativa para dirimir el profundo conflicto socio-ambiental generado por las contradictorias visiones de desarrollo de los niveles nacional y territorial.
Sin embargo, el objetivo sublime que persigue la Consulta solo podrá ser alcanzado si los ibaguereños nos unimos para dar la batalla. La ciudadanía, en cabeza de su Gobierno municipal, deberá desafiar no solo al poderío económico de las transnacionales extractivistas, sino también a buena parte del Gobierno central, quien por medio de su poder normativo y en coherencia con su característico afán desarrollista, ha procurado desde hace tiempo imponer una “dictadura ambiental” en las regiones, la cual, siguiendo los claros preceptos del totalitarismo, ha venido privilegiando los intereses de unos pocos sobre la voluntad y el anhelo de comunidades enteras.
Lo que está en juego tendrá que motivar hasta al más indiferente de los ciudadanos. Una vez sea convocada la Consulta Popular, todos los ibaguereños tendremos la posibilidad de pronunciarnos libre y soberanamente, sobre cuál es el modelo de desarrollo que queremos para nuestra ciudad.
En conjunto, podremos evitar que en un futuro, próximo o lejano, nuestra ciudad tenga que vivir la desgracia de ser despojada de sus recursos naturales, sometida a indeseables impactos ambientales, devastada en los ecosistemas que nos brindan los servicios que necesitamos para la vida (agua, aire, suelos productivos, hábitat de invaluables especies, entre otros), mientras ve como la riqueza se pierde en manos de los forasteros.
Podremos hacer una declaración de justicia intergeneracional, asegurándole a quienes aun no han nacido, la posibilidad de nacer, crecer y vivir en un territorio sostenible, protegido de daños irreversibles producidos por la minería contaminante y blindado del apetito voraz de quienes ven estas tierras solo como un objeto de valor económico.
Si todo resulta, habremos conseguido enviar el más claro y contundente mensaje a la Capital de la República, que seguramente obligará a revisar la pobre gobernanza en materia de minería y sentará las bases para la construcción de un modelo concertado, en el que a las comunidades que habitan los territorios se les respete la autonomía para decidir sobre su propio futuro.
Aunque a simple vista no parezca, la Consulta Popular de Ibagué puede convertirse en el inicio del fin de los cada vez más crecientes conflictos ambientales en Colombia.
Una gran oportunidad se avecina para recordarle al país y al mundo que “el pueblo es superior a sus dirigentes”. Por eso, en la Consulta Popular votaré No –a la minería contaminante-.
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