Aún huele a buñuelo y natilla, hasta hoy acaba el puente de Reyes, y ya se habla de revocar el mandato a algunos alcaldes. Este fenómeno es nacional, se está proponiendo en Bogotá, Bucaramanga, Armenia, entre otros. El tema ya ocupa a políticos y medios de comunicación. En el Tolima también se habla de revocar mandatos y ya en algunos municipios se preparan comités promotores y estrategias por el sí y el no. Por estos días se habla de revocar al Alcalde de Líbano.
Hasta la fecha ninguna revocatoria ha prosperado, los resultados muestran que esta medida de participación ciudadana es poco probable. Los términos legales se establecen en la Ley 134 de 1994 y en la recientemente aprobada Ley 1757 de 2015, o Estatuto de Participación Democrática, que establecen que al final, luego de adelantar los procedimientos de ley ante la Registraduría Nacional, se requiere de la participación del 40 por ciento de la votación válida que se registró el día que se eligió el alcalde o el gobernador.
En Ibagué, y en Bogotá, durante el gobierno anterior se promovieron revocatorias del mandato a los respectivos alcaldes, pero ninguna prosperó. Hoy, para el caso de Bogotá ya se propone revocar el mandato al alcalde Peñalosa, y el caso más sonado para un gobernador es el de Quindío.
Si los promotores conocen las dificultades para sacar adelante la revocatoria, ¿por qué algunos insisten en ella? Se está convirtiendo en un segundo round después de efectuadas las elecciones, quienes salieron derrotados en las urnas buscan mediante este mecanismo debilitar el gobierno y así preparar sus próximas aspiraciones. En otros casos, candidatos al Congreso aprovechan este escenario para promover sus nombres ante la opinión publica. Bueno, también está el sano interés ciudadano de remover ineptos.
Ahora bien, el impulso a la revocatoria de mandatos muestra que el control político que debe ejercerse desde las corporaciones públicas no se hace correctamente o simplemente no se hace. Un Concejo que no controla es tan responsable como un ejecutivo que no ejecuta.
De otro lado, para proponer revocar el mandato de un alcalde se requiere del incumplimiento del plan de gobierno que ganó en las elecciones, plan que debió ser la base del Plan de Desarrollo. En este tema la ciudadanía debería ser bastante objetiva, se debiera votar la revocatoria porque el alcalde no cumpla con lo que prometió hacer en su periodo de gobierno. El diseño y la aprobación del Plan de desarrollo demandan aproximadamente el primer semestre, luego viene la armonización de presupuestos, lo que requiere otro periodo del Concejo, lo que finalmente da a un gobierno tres o cuatro meses para iniciar a ejecutar su plan.
Así las cosas, cuando aún no acaba de empezar el segundo año de gobierno pareciera muy apresurado crear comités promotores de la revocatoria, a no ser que lo único que esté detrás de esta es la rivalidad política de quienes perdieron.
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