Desligar el debate del aumento de los impuestos con la corrupción es imposible: en todos los foros académicos y tertulias políticas cuando se habla de la necesidad de las reformas tributarias siempre se termina concluyendo que de no robarse el dinero del erario estas reformas se necesitarían menos.
No hay duda de que luchar contra la corrupción no solo es un principio esencial en el manejo del estado, sino que la honestidad y la transparencia son valores fundamentales para la sociedad. Siendo la política la que asigna los valores, lo lógico es que los políticos sean honestos. Los casos de Odebrecht, Interbolsa y otros más están mostrando al pueblo colombiano la necesidad de escoger mejor a sus políticos.
El otro tema que también sale a flote en este tipo de debates y discusiones es la ineficiencia del gasto publico. Ejemplos sobre este tema abundan no sólo en la Administración nacional, sino también en las administraciones locales. El despilfarro de los recursos públicos y la mala priorización de estos es el pan de cada día.
Y es por esta realidad que después de la aprobación de una de las reformas tributarias más regresivas en la historia de Colombia el Gobierno nacional no puede creer que la tarea está hecha, no basta haberles cumplido a las calificadoras de riesgo y haber ajustado parcialmente la caja del presupuesto nacional, y sin desconocer lo importante que es, tampoco haber evitado una supuesta recesión.
No hay duda de que la tarea en este campo está toda por hacerse, el Presidente Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tienen la obligación moral de luchar contra la corrupción y la ineficiencia del gasto publico.
Eliminar la corrupción empieza en la asignación de rubros y en la ordenación del gasto, y es precisamente aquí donde el Gobierno nacional debiera diseñar mejores controles, no basta con solicitar resultados a la Fiscalía y la justicia después de conocidos algunos delitos. Después del ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga, reza un dicho popular.
Revisar y modificar las oficinas de control interno es imperativo, estas dependencias de los entes territoriales y de institutos nacionales nunca lograron hacer la tarea que justificó su creación.
En relación con el gasto publico es cierto que está allí para ejecutarse, pero el error que no se puede cometer es que ese sea el único criterio. Gastar porque sí o gastar para aceitar las maquinarias políticas hace mucho daño al país.
A nivel local, el diseño del estado acertó cuando determinó para los entes territoriales un límite del gasto de los ingresos corrientes, no hay duda de que esto ayudó a sanear las finanzas.
Sin embargo, hoy se sabe que esto no es suficiente, se requiere de normas que conlleven a la racionalización del gasto dependiendo de las prioridades sociales y de las oportunidades para generar economías locales: gastar por gastar no es el camino, mucho menos cuando los recursos son escasos y la economía es modesta.
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