Como está propuesto dicho proyecto, al incrementarse el costo de la canasta familiar y al desacelerarse la economía por la disminución en la inversión y el consumo, los más afectados de aprobarse serán los hogares de las clases medias y populares.
Nada más impopular en política que proponer impuestos o aprobarlos, y peor si afecta directamente la canasta familiar, por eso no es raro que a la fecha el proyecto no tenga ni siquiera el apoyo del partido de gobierno y los ya logrados son eminentemente técnicos de entidades que están pendientes del cumplimiento de la regla fiscal o de los compromisos con la Ocde.
Ahora bien, lo que ocurre hoy es el coletazo de no haberse aprobado hace dos años atrás una reforma tributaria estructural.
¿Qué opinan los políticos?
La petición de senadores y congresistas al ministro Carrasquilla es que busque otras alternativas para cuadrar la caja de los 14 billones que faltan al presupuesto nacional porque ellos no votarán el incremento del IVA a todos los productos de la canasta familiar.
Sin embargo, vuelve y juega, se aprobará una ley de financiamiento y no una reforma tributaria estructural. Los fines de una reforma tributaria, además de tener más recursos, es que se logre mayor crecimiento, estabilidad en los precios y mejor distribución del ingreso, el fin de la ley de financiamiento es cuadrar caja.
El actual proyecto es un paliativo que no sana las finanzas publicas del Gobierno nacional, calma la fiebre pero no atiende la enfermedad. Cuadra caja en el corto plazo y disminuye el capital político para sacar adelante una verdadera reforma tributaria.
Y desde las regiones hay que recordar que la necesidad de nuevos ingresos locales para las inversiones territoriales sigue sin definirse.
¿Qué opinan los expertos en hacienda pública?
El profesor César Ferrari de la Universidad Javeriana, afirma que la aplicación del IVA a productos que hoy están exentos conllevaría a un aumento en el recaudo fiscal, pero también en los precios, lo que desacelera la economía y agrava la concentración del ingreso, en perjuicio de las clases medias y populares.
Mauricio Galindo, un reconocido economista, afirma que el cobro del IVA a más bienes y servicios de la canasta familiar propuesto en el proyecto de ley de financiamiento, junto con la reducción de la tarifa general a 18 % significaría un aumento del costo en dicha canasta de 4,1 %.
El estudio presentado por Camilo Díaz establece que se podría lograr alcanzar un recaudo de 18 billones de pesos si se trabaja reduciendo el gasto y atacando la evasión.
¿Qué hacer?
Reducir los impuestos indirectos como el IVA y aumentar las tasas de tributación directa de las personas con mayores ingresos y patrimonios, eliminar el derroche en el gasto público aumentando la eficiencia del mismo implementando un plan de austeridad, combatir con fuerza la evasión de los activos en el exterior que no declaran y la evasión interna, y replantear las exenciones y exclusiones al pago de IVA.
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