Estamos muy lejos de superar el mal de la corrupción, puede que sus efectos no se noten tanto como en años anteriores o los casos no sean tan escandalosos, pero la verdad es que ahí siguen las termitas del Estado comiéndose las oportunidades de las personas. Cada día se escucha de un nuevo caso, y lo peor es que el sistema diseñado para controlar esto sigue favoreciendo a los delincuentes ante el silencio y la complicidad de muchos.
El comportamiento ilegal de algunos servidores públicos sigue atentando contra la confianza de las personas en el gobierno y el Estado, la falta de transparencia en muchas actuaciones favorece a unos pocos en detrimento de la gran mayoría de la sociedad.
La corrupción es un impuesto muy alto que nadie ve, que nadie siente de manera directa, que se cobra sobre la pobreza de las personas y la precariedad empresarial, elimina la igualdad de acceso a los recursos públicos y le facilita a unos pocos las cosas en detrimento de muchos. El problema es que aún no se eleva a exigencia moral no tolerar la corrupción.
Un estudio publicado en el diario El País de España concluye que no solamente en la cultura y las instituciones se encuentran las raíces de la corrupción sino que además el desarrollo económico y la desigualdad juegan un papel en el mantenimiento de la corrupción latinoamericana.
El estudio es muy revelador en cuanto a la relación entre la desigualdad de ingresos y la justificación de hechos corruptos como los sobornos. Se concluye que aquellos países con desigualdades altas la probabilidad de justificar la corrupción es mayor, mientras que en aquellos con desigualdades medianas las personas de hogares con más ingresos justifican menos esta conducta. Así las cosas, en países desiguales, las élites económicas mantienen y reproducen un interés superior que el del resto de la sociedad para que la corrupción no desaparezca. Disminuir la desigualdad es clave para eliminar la corrupción.
El estudio también afirma que acabar la corrupción implica reformas institucionales –cambiar las normas para que acaben los comportamientos-, y, modificar los valores a través de la educación y la cultura. Desafortunadamente la regla general en los procesos penales y administrativos por corrupción contra servidores públicos es que no pase nada durante las investigaciones en los órganos de control.
Un problema que limita superar este fenómeno es que la indignación popular que trae consigo sonados casos de corrupción son muy mediáticos y pasajeros, las personas desatienden rápidamente las consecuencias de estos y casi empiezan a ver un paisaje normal y común para la sociedad.
Aun así la lucha contra la corrupción no puede dejarse de lado, no es sólo una obligación moral hacerlo, sino que es necesario eliminarla si el propósito es logar mayores niveles de calidad de vida y bienestar para las personas.
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