Todo parece indicar que con ocasión de las elecciones regionales sí se producirá la actuación de los organismos de control encargados de velar por la transparencia y de conjurar la manipulación de las mismas mediante el uso de recursos públicos y, por supuesto, la complicidad de los funcionarios.
En el pasado y pese a las quejas y reclamos tales conductas no recibían sanción alguna pese a la abierta actuación de muchos y solo en casos extremos se producía alguna reconvención.
Los masivos trasteos de votos que asombran y preocupan a los habitantes de ciudades y pueblos, el funcionamiento de maquinarias operada por la burocracia y de contratos innecesarios, así como la reedición de fórmulas que se suponían enterradas, han obligado a diversos organismos a actuar ante la exhibición de pruebas irrefutables.
Entre la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral se han adoptado decisiones que pretenden despejar el brumoso horizonte electoral.
Una rápida mirada a las cifras así lo indica: más de 100 mil inscripciones de cédulas han sido anuladas por tratarse de ciudadanos a quienes se les prueba que no tienen relación alguna con el municipio donde se habían inscrito o aportaban una dirección inexistentes.
La reedición de conductas que se suponía erradicadas como la de contratar con muertos como se hacía en la Cámara de Representantes en los años 70 del siglo pasado, ahora se han detectado nada menos que 42 mil cédulas inscritas correspondientes a ciudadanos fallecidos.
Imposible no referirse al escandaloso caso que mereció intervención de la Fiscalía, tuvo difusión en la televisión nacional y condujo a la renuncia inmediata de un subdirector de Cortolima. Los hechos quedaron registrados en un video en el que el alto funcionario del organismo ambiental conminaba a otros funcionarios a aportar dinero para un acto de campaña de un candidato a la gobernación, les indicaba la obligación de votar por el mismo y les ordenaba asistir a una reunión en un sitio que se ha convertido en el epicentro de esta clase de aquelarres. En su perorata el funcionario hacía una relación de varios funcionarios, candidatos y políticos interesados en el asunto que, seguramente, ha servido a la Fiscalía para adelantar sus investigaciones. Como es usual la defensa de los encartados consiste en negar lo acontecido y asignarlo a supuestas manipulaciones y montajes.
Pese a la difusión de las acciones punitivas en muchos lugares se señala que las sanciones e indagaciones cubren apenas una ínfima parte de las nocivas conductas que han convertido al ordenamiento legal en un rey de burlas.
Pueda ser que en los 33 días que restan para las elecciones se ponga en evidencia muchos más de estos irregulares procedimientos.
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