Hace pocos meses el país vivió un episodio de mucho ruido informativo por haberse otorgado una licencia ambiental para explotar un bloque petrolero en la región de La Macarena (Meta), hecho que terminó provocando la salida del entonces director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). A ello se sumó el resultado de una auditoría hecha a la citada entidad así como a varias Corporaciones Autónomas Regionales por la Contraloría General, que puso en evidencia puntos débiles y deficiencias en el seguimiento que debe hacerse a las licencias y permisos ambientales expedidos.
Tanto el rígido estudio que debe hacerse para el otorgamiento de licencias ambientales como el seguimiento de la ejecución de estas son sustanciales y los hechos demuestran que se han otorgado licencias que no debían expedirse y, además, no se les hace seguimiento.
Para completar, debido al precario presupuesto que tiene, la Anla no cuenta con el número de funcionarios que son necesarios para llevar a cabo satisfactoriamente su gestión.
¿Ejemplos? Muchos: hay falta de celeridad en los procesos sancionatorios y por ello las medidas de protección ambiental no son oportunas; no hay seguimiento a los compromisos contraídos en los planes de manejo ambiental; de 904 licencias ambientales que otorgó entre 2011 y 2014, solo le hace seguimiento a 131; las empresas no presentan oportunamente los Informes de Cumplimiento Ambiental y pese a ello, no son sancionadas; hay débiles mecanismos de control interno y por eso no se detectan oportunamente los daños causados en desarrollo de los proyectos; hay serias deficiencias en la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras y actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales, etc.
La Anla solo tiene seis inspectores para hacerle seguimiento a todos los permisos ambientales que ha expedido, que son cerca de 1.600.
La Anla tiene pendiente el otorgamiento de importantes licencias ambientales como la de la carretera Ciénaga Barranquilla, HidroItuango, el desarrollo petrolero de Casanare y Meta, proyectos en el valle del Magdalena Medio, proyectos de exploración y explotación petrolera con fracking y muchos más.
En contraste, su estructura administrativa es frágil e insuficiente, lo que le quita transparencia, objetividad, oportunidad y calidad al trabajo que cumple en materia ambiental y facilita que pueda entrar sin tropiezo la corrupción, lo que es extremadamente grave y perjudicial.
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