La Misión de Observación Electoral (MOE) hace un monitoreo permanente en los tiempos de campañas electorales, con el fin de alertar a los ciudadanos y a las autoridades sobre las acciones que puedan constituirse en un riesgo para el normal ejercicio de los derechos de los votantes y que por añadidura alteren los resultados para beneficiar a determinados candidatos.
De acuerdo con el más reciente reporte de la MOE, en 20 de los 47 municipios del Tolima los derechos de los votantes se pueden ver limitados por fraude electoral o por violencia. En ocho poblaciones se han reportado amenazas e intimidaciones contra funcionarios públicos, defensores de derechos humanos, líderes sociales, y existe presencia de actores armados; la situación más grave sucedió en Chaparral, donde fue asesinada una líder social.
De otra parte se encuentran las múltiples modalidades de fraude que se practican desde tiempos inmemoriales en nuestro país; por eso fue necesario incluirlos como delitos en el Código Penal e imponer castigos severos, para tratar contenerlos; no obstante, los tramposos consiguen evadir los controles.
El fraude en la inscripción de cédulas o trashumancia electoral, que se evidencia en el desmesurado aumento del censo electoral; la corrupción al elector o compra de votos en el que un candidato ofrece prebendas que van desde mercados hasta el ofrecimiento de contratos o cargos públicos; el voto fraudulento, la alteración de los resultados electorales y la violación de los topes o límites de gastos en las campañas son algunas de las irregularidades más empleadas para torcer los resultados.
Para conseguir votos por estos medios, los candidatos corruptos invierten enormes cantidades de dinero. Basta remitirse al caso de Aida Merlano para conocer al detalle cómo se maneja este “mercado”.
En el Departamento son preocupantes los reportes sobre los riesgos por posible fraude para las elecciones de Cámara de Representantes en Murillo, Ambalema, Mariquita, Villahermosa, Coyaima, Icononzo y Villarrica; mientras que para las elecciones de Senado, los riesgos se han detectado en Armero-Guayabal, Mariquita, Casabianca, Murillo, Cajamarca, Valle de San Juan, San Antonio, Planadas y Alpujarra. La trashumancia electoral se advierte en Ambalema, Natagaima, Santa Isabel, Suárez y Villarrica, donde censo electoral es mayor al de la población proyectada por el DANE.
Estas acciones alteran el resultado de las elecciones y coartan el derecho ciudadano a unas elecciones transparentes. Es esencial, por eso, la intervención oportuna de las autoridades electorales, pero es fundamental, también, que los tolimenses denuncien los intentos de fraude y que el día de las elecciones marquen su voto sin presiones.
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