Las piscinas olímpicas de Ibagué fueron el lugar de entrenamiento de miles de nadadores ibaguereños. Allí se formaron deportistas que le dieron gloria al Departamento en competencias de natación de carreras, clavados y waterpolo. Este espacio estaba siempre disponible para clubes de natación, colegios, escuelas y cualquier persona que quisiera practicar estos deportes.
Este proceso se frenó hace ocho años, cuando, so pretexto de organizar unos juegos nacionales, se ordenó la destrucción de las piscinas, pues serían remodeladas. En realidad, no hubo tal arreglo, pero sí se perdieron los recursos en manos de los corruptos, y la ciudad perdió uno de sus escenarios deportivos más emblemáticos.
Lo más aterrador de esta tragedia para el deporte es que han pasado dos administraciones más luego del gobierno de Luis H. Rodríguez, el gestor del desastre, y las piscinas no se han podido recuperar, y aún es incierto si este año concluirán las obras de remodelación.
Las veedurías ciudadanas que han hecho un juicioso seguimiento a lo que sucede con las obras de los escenarios deportivos, de nuevo alertan porque hay un considerable retraso en las piscinas, cuyos trabajos iniciaron en agosto, pero solo se ha ejecutado el 5% de la obra, a tres meses de que se venza el plazo establecido en el contrato. Además, según la veeduría Vapi, el proyecto está plagado de errores, comenzando por los estudios y los diseños.
Explicaciones hay para todo. Según el alcalde Andrés Hurtado, el contratista no ha podido avanzar en debida forma, porque algunos pilotes no cumplen con lo exigido, falla de la que responsabilizó al gobierno anterior.
Sin embargo, la secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán, contradijo las afirmaciones del mandatario y reconoció que hay responsabilidad del contratista. Así lo aseguró a los comerciantes del sector de la 60, al afirmar: “También tenemos el proyecto de las piscinas de la 42 y sí, va muy lento, cosa que no podemos negar, pero es que no somos adivinos para saber con qué contratistas vamos a dar. Quisiéramos tener los mejores, pero llegan unos de otra ciudad que no ‘le meten la ficha’ porque no les duele”.
Estas contradictorias explicaciones no aclaran nada y sí ocasionan mayor confusión. Surgen, entonces, inquietudes como cuál es la validez de los estudios y las evaluaciones que se efectúan antes de iniciar una obra pública, pues, en este caso, no se conocía el estado de la construcción existente y tampoco se pudo verificar la idoneidad del contratista. Ojalá la administración local esclarezca pronto estos interrogantes.
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