El parlamentario Miguel Ángel Barreto, solicitó ante la plenaria de la Cámara de Representantes, citar a debate de control político al Director Nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto Escalante.

De igual manera, al director Regional del Igac, Fernando Mora Bonilla y al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el fin de que den cuenta del proceso de actualización catastral y la problemática del incremento desmesurado en el predial vigencia 2018.

Al debate fueron invitados el procurador General, Fernando Carrillo y el contralor General, Edgardo Malla Villazón. De la misma manera, los secretarios de Planeación y Hacienda, Héctor Cervera y Juan Espinosa, supervisores del convenio suscrito entre el Igac y la Alcaldía de Ibagué.

El congresista también extendió la invitación al gobernador, Óscar Barreto (primo), ya que la intención es que sean explicadas por parte de los directores del Igac las posibles inconsistencias registradas en la misma materia en Espinal y otros municipios del Tolima.

El parlamentario allegó un cuestionario de 31 preguntas con las cuales busca ahondar en algunas denuncias efectuadas desde el Concejo y a través de medios de comunicación sobre la actualización parcial adoptada en Ibagué.

Uno de los interrogantes a resolver es “si una vez se ordena la renovación de los predios de un municipio, mediante una resolución administrativa hecha por el Igac y que se publica en el diario oficial, jurídicamente los municipios están en la obligación de adoptar los avalúos catastrales producto de la actualización para el cobro del predial del año siguiente o es facultativo de los municipios”.

Como ha sido de conocimiento público, el Municipio adoptó la actualización, pese a que el 5 de enero fueron allegados resultados de la actualización. El Igac emitió el 22 de diciembre la resolución de renovación del catastro.

Otro de los interrogantes es que se aclare: “¿cómo se determina, quién fija y cuál es el tope para establecer la tarifa de pago del impuesto predial”. Además, “cuál es el proceso para la escogencia del personal y cuál debe ser el nivel de escolaridad que deben tener los reconocedores catastrales”.