En una decisión de primera instancia el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó el cese inmediato y definitivo de la exploración y explotación minera en las cuencas de los ríos Combeima, Cocora y Coello, de los cuales tenía concesión de títulos mineros Anglogold Ashanti, hoy conocida como Kedahda, Continental Gold Ltda y Oro Barracuda Ltda.

Dicho fallo se dio luego de una acción popular interpuesta por Isaac Vargas en el 2011, en calidad de Personero, quien para ese entonces, solicitó que “se amparen los derechos colectivos de la subregión circunvecina a Ibagué”, así como se le extinguieran los derechos para las empresas antes mencionadas.

Para la época de los hechos Vargas sostuvo que la explotación aurífera en dichas cuencas afectaba la calidad y el abastecimiento de este recurso hídrico para consumo humano de la población actual y futura, teniendo en cuenta eran áreas estratégicas para la captación del recurso.

El actual personero Camilo Ossa, aseguró que esta es una estrategia que demuestra la importancia y el compromiso de esta entidad del Ministerio Público y manifestó que una vez se interpuso la acción popular los vinculados renunciaron a 18 de los 22 títulos mineros, dejando solo cuatro vigentes a los que se le da aplicación de la orden del Tribunal.

En el fallo, el Tribunal declaró que existió una vulneración de los derechos colectivos a gozar de un espacio público libre de contaminación e hizo responsables al Ministerio de Minas y Energía, de Ambiente, al Anla y a las tres empresas con las concesiones, de todos los perjuicios causados como consecuencia del ejercicio de la exploración minera.

Estudio de impacto ambiental

Al considerar que se violentaron los derechos colectivos, se ordenó la realización de un estudio integral por parte de la Universidad del Tolima para determinar el impacto ambiental y en salud de los residentes alrededor de estas cuencas como consecuencia del ejercicio minero, así como la delimitación del área necesaria para la protección del recurso, medidas de mitigación y acciones para recuperar el equilibrio del ecosistema.

Además, el Tribunal le ordenó al director de Cortolima, en un término no mayor a 12 meses, se cumplan las tareas y acciones que arroje el estudio de la Universidad para restablecer el ecosistema afectado, cuyo seguimiento se hará con informes semestrales. Mientras se desarrolle dicho proceso por la academia, las autoridades mineras y ambientales a nivel nacional deberán de abstenerse de formular estudios de impacto ambiental.

No más concesiones

El no trámite de concesiones mineras para la explotación minera en las Cuencas de los ríos, es otra de las órdenes del Tribunal, particularmente en los predios adquiridos por el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Tolima, y en las tres mil 821 hectáreas adquiridas por Cortolima, el Ibal y Asocombeima declaradas reserva forestal.

Comisión de guardianes

Tomadas estas decisiones, el Gobierno es quien ejercerá la tutoría de los ríos en conjunto con las comunidades, quienes tendrán que escoger el representante de cada afluente y empezar a trabajar mancomunadamente con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y WWF Colombia, quienes han desarrollado el proyecto de protección del río Bita en Vichada, en un plan para descontaminar las fuentes hídricas de Ibagué; no obstante, podrán tener acompañamiento de entidades privadas, públicas, universidades y sociedad civil interesada.