Muchos análisis de fondo habrá que hacer sobre el contenido, alcances y efectos de la ley 2272 del 4 de noviembre de este año, conocida como la del marco jurídico para la consecución de la “paz total”.

El viernes pasado, el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Quiroz, y demás directivos de las altas Cortes convocaron a una misa en la Catedral Primada, oficiada por el nuncio Apostólico y el cardenal Primado de Colombia, a la cual asistió el presidente Gustavo Petro, para conmemorar el 37 aniversario de la tragedia del Palacio de Justicia.

Más de doscientos años después de su promulgación, sigue siendo espina dorsal del Estado de Derecho la fórmula del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos durante la revolución francesa, conforme a la cual una sociedad donde no estén garantizados los derechos fundamentales y la separación de poderes, carece de Constitución.

El agite ideológico y político de estos días a propósito del nuevo gobierno, que comprende debates sobre si en verdad estamos frente al primer gobierno de izquierda o de alcance socialdemócrata, si se está profundizando la democracia, si, otra vez, desaparecieron las fronteras entre los partidos, entre otros, es un buen escenario para que reflexionemos sobre el alcance de la democracia en Colombia.

Habría que esperar cómo avanza en el Congreso, si finalmente se presenta, el proyecto de más de 50 artículos que contiene el llamado plan de paz total del gobierno. Este incluiría, no solo a los grupos armados con fines políticos, sino a organizaciones criminales y narcotraficantes que cometan delitos de “impacto social”.

Por enésima vez, ahora con la batuta del Pacto Histórico y en alianza con partidos tradicionales, se conoce otro proyecto de ‘Reforma Política’. De entrada, el presentado por el ministro Prada, comprende algunos aspectos que podrían mejorar ‘la cosa política’, pero es indispensable hacer varias reflexiones.

En la edición de este diario del 29 de agosto, María Isabel Rueda entrevistó al afamado economista y profesor chileno Klaus Schmidt, sobre lo que para ese momento se pensaba iba a ser el resultado del proceso constituyente en el país austral.

A las misiones extranjeras que llegaron a la posesión del Presidente Petro –para algunos, entre quienes no me cuento -, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, les debió causar cierta curiosidad el hecho de que se hubiera interrumpido esta crucial ceremonia de la democracia, mientras en acatamiento de la primera orden del Jefe de Estado como comandante supremo, se traía a la Plaza de Bolívar la espada que históricamente se cree fue con la que el ilustre caraqueño liberó cinco naciones, y que el anterior jefe de Estado se negaba a prestar.

Aun cuando jurídicamente no hay nada novedoso en la propuesta del presidente Petro que busca condicionar la extradición, el momento y la forma en que la hizo armaron una polvareda.

El título de esta columna es el eterno dilema de nuestro constitucionalismo, que vuelve a salir a flote con la política del nuevo gobierno orientada a conseguir la “paz total”.