Es lacerante el repaso de la violencia en la historia de Colombia. Es un acontecer recurrente para la protección de intereses de quienes se han apoderado de las fuentes de riqueza en función de su particular beneficio. Lo cual tiene un trasfondo político que pone en evidencia la trama utilizada en esas operaciones consumadas casi siempre con cálculo de avaricia.

Si fuera cierto todo lo que dicen que hicieron cuando tenían funciones de gobierno o poder algunos servidores públicos, Colombia sería una nación con menos problemas y sus habitantes gozarían de condiciones de seguridad y de solvencia en su cotidiana existencia. Pero no es así.

A falta de propuestas que pudieran abrir posibilidades de solución a tantos problemas acumulados en la Nación, los políticos aferrados a la explotación del poder en beneficio propio, se inventan mentiras con el cálculo de generar pánico, como recurso electoral. En ese afán le hacen el juego a la violencia aliándose con bandas criminales y amarrando la justicia a sus empeños. La paz no está en su agenda, como tampoco los derechos de los ciudadanos.

Deben tener razón quienes denuncian como grave la propuesta legislativa de desmontar la ley de garantías en la etapa preelectoral en que está el país. La advertencia sobre los riesgos que ese empeño político implica contra la democracia no es solamente de dirigentes de la oposición al gobierno sino también de voceros de los sectores de la producción, de los líderes sindicales y de diversas vertientes sociales. Porque dejar sin control el gasto público cuando se va a decidir sobre el Congreso y la Presidencia de Colombia es abrirles la puerta a los operadores de la corrupción, interesados en seguir explotando el poder en beneficio de sus ambiciones particulares.

Colombia figura entre los países que acumulan sucesivas frustraciones referidas a políticas públicas aplicadas a los problemas que pesan sobre la existencia de su población.

Con la empalagosa arrogancia a que lleva el capitalismo salvaje, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso a sus áulicos a conspirar contra la legítima elección de Joe Biden, su irreversible sucesor en la jefatura del Estado de la gran nación. Lo hizo con cálculo perverso, consciente del daño que le causaba a la democracia, lo cual, claro está, no le importa.

La pandemia de la Covid-19 ha causado estragos de impacto devastador con su letalidad extrema en todo el planeta. Llegó a los lugares habitados y ha segado vidas humanas en cantidad desgarradora. Es la muerte al por mayor, con secuelas que generalizan el dolor, en condiciones de indefensión, pues no se cuenta todavía con los recursos para conjurar la intensidad del contagio y el balance es desolador. La posibilidad de consolidar la vacuna en sus diversas propuestas abre una perspectiva de alivio. Sin embargo, se debe tomar en cuenta un tiempo de espera mientras se perfeccionan y confirman los procesos científicos en curso. Y puede ser que la peste del coronavirus se aplaque después de los estragos causados. De todas maneras, esa tormenta dejará secuelas cuyo tratamiento tomará tiempo y demandará acciones especiales. Allí no terminan los problemas. Todas las naciones se verán enfrentadas a la agudización de situaciones que se han acumulado a la espera de salidas que no dan para más alargue. Colombia es una de las naciones llamadas a priorizar las soluciones a problemas que se han acumulado. El Gobierno no puede seguir omitiendo lo que le corresponde hacer para garantizar un rumbo democrático en cumplimiento de la norma constitucional del Estado social de derecho. En vez de estar empollando una hegemonía de alcance autoritario, con pretensiones de sectarismo partidista o de inclinar el poder en favor de los más pudientes, tiene que estudiar planes para generar empleo, fortalecer la atención a la salud, mejorar la educación en todos los aspectos, proteger los recursos naturales contra la rapiña de los grupos de asalto y desatar todos los nudos de corrupción.

El Estado social de derecho que consagra para Colombia la Constitución de 1991 no es más que un principio retórico o decorativo, porque en la realidad no opera y cada día se tiene la comprobación del vacío institucional existente con respecto a las garantías que debieran prevalecer en la protección de la vida y el cumplimiento de los derechos reconocidos a todos los habitantes de la Nación. La omisión oficial a ese respecto es inocultable, así desde el alto gobierno la propaganda busque maquillar los hechos con versiones que no resisten la prueba de la verdad.

La muerte del dirigente liberal Horacio Serpa Uribe es una lamentable pérdida para Colombia, por todo cuanto él representó en la nación. Fue un líder excepcional por su conducta ceñida a la decencia en los actos de su vida. No tuvo complicidades con trampas ni maniobras encaminadas a indebidos aprovechamientos desde el poder.

La insistencia en advertir prácticas autoritarias en el gobierno de Colombia no es ninguna obsesión de quienes están en la orilla de la oposición política. Muchos de los actos oficiales lo confirman.