Durante los diálogos de La Habana, el Ejecutivo y la guerrilla insistieron en que los afectados por el conflicto estaban en el centro del proceso de paz, la puesta en marcha de las medidas de reparación aún está en veremos. El aterrizaje del Acuerdo Final ha dejado en el aire la garantía de verdad plena.

El Acuerdo Final planteó la oportunidad de transformar y vincular territorios marginados al circuito económico y político nacional, pero la descoordinación de las entidades estatales, la incertidumbre por los recursos económicos, sumado a las dificultades de seguridad que se están registrando en las zonas cocaleras, constituyen una gran amenaza para la implementación del Punto 4.

Las fuertes precipitaciones en Tocaima y los municipios cercanos al río Bogotá han ocasionado inundaciones en cerca de 50 hectáreas.

“Este es un café de especie arábiga de alta calidad, cultivado a una altura de 1.

Con una inversión superior a los $310 millones, las alcaldías de Ibagué y Piedras realizarán los estudios y diseños para adelantar la pavimentación de la vía Doima - Buenos Aires, carretera que requiere obras de arte, alcantarillas, badenes, pontones y puentes.

Tras un año de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, el acceso y garantías para implementar este punto es incipiente. El Estado aún ajusta los mecanismos jurídicos para garantizar el acceso. Las comunidades son poco optimistas.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, habla sobre la decisión de la Corte Constitucional de avalar con cambios la Justicia Especial para la Paz (JEP) y de su funcionamiento.

El procurador Fernando Carrillo dice que nadie implicado en corrupción de los Juegos Nacionales escapará al peso de la Procuraduría. Así misimo, no descarta que se vincule al exdirector de Coldeportes Andrés Botero y a los concejales de Ibagué.

Con recursos de los ibaguereños, la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo espera dar inicio en junio de 2018 a la ejecución del plan de movilidad.

En su sentencia sobre el acto legislativo de creación de la JEP, el alto tribunal eliminó la obligatoriedad de los terceros de acudir al Tribunal para la Paz. Víctimas cuestionan la decisión que excluye del nuevo sistema a uno de los actores del conflicto.