El Auto de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, en virtud del cual esa Jurisdicción, aplicando el principio de responsabilidad en el mando, llama a responder a ocho de los miembros del antiguo secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad que incluyen tomas masivas de rehenes, torturas, homicidios y violencia sexual, entre otros, ha vuelto a agitar el debate sobre temas sensibles como la relación entre conflicto armado y justicia, responsabilidades colectivas por el ejercicio del mando, protección de las víctimas, y la compatibilidad entre acusaciones por graves violaciones a los DD.HH. y el ejercicio de la política.

Muchas son las consideraciones que pueden hacerse a propósito del reciente relevo en la Casa Blanca más allá de si ello implica un necesario cambio en nuestra agenda internacional. No es verdad, como a veces suele decirse, que entre más dispersión partidista -o la ausencia misma de partidos- existan mayores posibilidades de alternación en el ejercicio del poder. Aún cuando en una especie de tradición no escrita, el periodo de cuatro años -el mismo nuestro- con pocas excepciones en la historia constitucional, se extiende a ocho por una reelección casi garantizada, esta vez, de manera poco usual, el mandatario en ejercicio no logró hacerse reelegir.

Gran aporte al conocimiento de nuestra historia ha hecho el abogado y escritor Óscar Alarcón Núñez, con la publicación del texto “Pasado, presente y futuro de la Procuraduría General de la Nación, 190 años”. Con sus ya reconocidos dotes de historiador, hace un recorrido sobre el surgimiento y vicisitudes de una institución indisolublemente unida a nuestra vida republicana.

Como cada final y comienzo de año, esta vez volvió a agitarse el farisaico debate de comparar el aumento del sueldo de los parlamentarios con el que recibieron los millones de colombianos que “viven” del salario mínimo. El sueldo congresional es igual al de los magistrados de altas cortes y de las cabezas del poder judicial.

La falta de claridad sobre las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022 -en lo que coinciden numerosos analistas- se origina, entre otros factores, en el hecho de que a partir de 1991 en Colombia prácticamente desaparecieron los partidos políticos y que en cambio hoy solo existen supuestos “movimientos” que no resisten más de una elección.

Hace 30 años se produjo la tan atípica como curiosa y decisiva elección de los 70 colombianos (nuevos y viejos actores políticos) que redactaron la Constitución vigente. Y ese 9 de diciembre, el Ejército bombardeaba Casa Verde, refugio de las Farc en el Meta.

A propósito del prematuro comienzo del proceso de sucesión presidencial vuelven a oírse expresiones como “polarización”, centro, izquierda, centro izquierda, derecha o centro derecha, como si en realidad el país estuviera dividido por concepciones atadas a esas definiciones, a menudo citadas de manera general sólo para eludir la discusión política y filosófica.

Si, literalmente pareciera “llover sobre mojado”, en medio de esta coyuntura por el huracán Iota que azotó inclemente a San Andrés, Providencia y Santa Catalina -además de los conocidos estragos invernales de “temporada” en otras regiones-, no sobra volver sobre el tema de la permanente tragedia en que viven nuestros compatriotas del Chocó.

Durante las discusiones parlamentarias sobre el nuevo Código Electoral se ha armado una tempestad en un vaso de agua ante la propuesta –al parecer denegada- de derogar la Ley de Garantías (LG).

Como ocurre en la mayoría de países, en Colombia resultó muy difícil entender el “arrevesado” sistema de elección presidencial de los EEUU, donde no siempre el elegido es quien obtiene la mayoría de votos de los ciudadanos.