A las misiones extranjeras que llegaron a la posesión del Presidente Petro –para algunos, entre quienes no me cuento -, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, les debió causar cierta curiosidad el hecho de que se hubiera interrumpido esta crucial ceremonia de la democracia, mientras en acatamiento de la primera orden del Jefe de Estado como comandante supremo, se traía a la Plaza de Bolívar la espada que históricamente se cree fue con la que el ilustre caraqueño liberó cinco naciones, y que el anterior jefe de Estado se negaba a prestar.

Aun cuando jurídicamente no hay nada novedoso en la propuesta del presidente Petro que busca condicionar la extradición, el momento y la forma en que la hizo armaron una polvareda.

El título de esta columna es el eterno dilema de nuestro constitucionalismo, que vuelve a salir a flote con la política del nuevo gobierno orientada a conseguir la “paz total”.

Por la circunstancia de haber transcurrido buena parte de mi trayectoria pública en el sector justicia, he sido y soy, el más respetuoso de las decisiones judiciales. Inicialmente, para sobrevivir a los 17 años en Bogotá, recién llegado de Chaparral, trabajé en un juzgado como mensajero, con el eufemístico nombre de notificador. Como estudiante hice esa “carrera” de subalterno de justicia, hasta llegar a secretario. Después, fui juez municipal, del Circuito, Procurador General, Fiscal General y, Conjuez de la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional.

Hace 100 años, en plena hegemonía conservadora, se posesionó como presidente el general Pedro Nel Ospina, elegido en medio de alegaciones del liberalismo por fraude contra su candidato Benjamín Herrera.

Con razón suele decirse que el grado de civilización y el compromiso con una democracia real en una sociedad se mide por la forma como trata a sus maestros, policías y jueces.

Hace unos días, en el Metropolitan Club, en la honrosa compañía de la politóloga Lariza Pizano y del periodista y profesor Juan Guillermo Ríos, fui invitado a la presentación de la segunda parte del libro “La Voz del Poder”, publicado por RTVC Sistema de Medios Públicos.

Hoy comienza un Congreso que puede ser distinto al de los últimos años y, respecto del cual, muchos colombianos esperan que sea motor de los cambios tantas veces aplazados. Es verdad que se dan situaciones novedosas. En el Senado la fuerza mayoritaria es del Pacto Histórico -con sus 20 senadores- soporte político del nuevo presidente que tuvo en campaña un discurso socialdemócrata; que es el primer ex guerrillero en llegar al poder y que, al acogerse al proceso de paz de Barco, se incorporó sin esguinces a la vida civil hace más de 30 años.  

Cursaba quinto año de bachillerato en el colegio Manuel Murillo Toro de Chaparral, y justo el 13 de julio de 1965, cuando se anunciaba la muerte del expresidente conservador Laureano Gómez, terminaba la lectura que me había recomendado un profesor tumaqueño de historia, que marcó mi adolescencia: La violencia en Colombia.

Por todo lo que está pasando alrededor de la instalación del nuevo gobierno –tal vez no el primero de izquierda como lo han demostrado Alberto Casas y Óscar Alarcón– ha vuelto a hablarse con insistencia del concepto de ‘gobernabilidad’ o ‘gobernanza’ entendido en términos generales como los presupuestos políticos –habría que agregar también los sociales– que le permiten a un Jefe de Estado –llámese Presidente o Primer Ministro– manejar sin tantos sobresaltos la nave del Estado y cumplir con un plan de gobierno.