Marcharon varias veces durante el anterior Gobierno quienes se opusieron a políticas y decisiones del entonces presidente de la República Iván Duque. El pasado lunes salieron a marchar quienes se oponen a políticas y anuncios del presidente actual, Gustavo Petro, aunque no lleva ni dos meses como jefe del Estado, de la rama ejecutiva y de la administración.

El desarrollo de la tecnología llevó a la creación y expansión de las denominadas redes sociales, en internet, que son modernos instrumentos para facilitar la comunicación entre las personas, la libertad de expresión y la información acerca de los más variados asuntos. Son avances históricos tan valiosos como en su momento lo fueron -entre otros tantos- la escritura, la imprenta, el telégrafo, el teléfono, la radio, el cine o la televisión. Logros alcanzados gracias a la inteligencia, el ingenio, el estudio y el trabajo de muchos, puestos al servicio de todos y en su beneficio.

Como se recordará, en Chile está vigente la Constitución de 1980, puesta en vigencia durante la dictadura de Augusto Pinochet, que desde hace tiempo los chilenos quieren sustituir por una verdaderamente democrática, pluralista, igualitaria y participativa, que consagre y permita hacer efectivos las garantías y las libertades, en busca de un Estado Social de Derecho.

La Constitución de 1991, además de su valioso contenido axiológico y de haber plasmado postulados democráticos de primer orden, con miras a realizar la democracia y el Estado Social de Derecho, hizo manifiesta la necesidad de lograr la efectividad y el respeto a la dignidad de la persona humana y sus derechos esenciales.

Le hemos escuchado al presidente Gustavo Petro, algunos mensajes públicos que definen su concepción acerca del respeto y el apoyo que merece el ser humano, en cuanto objetivo fundamental y razón de ser del Estado. Por lo menos, del Estado democrático, como se supone que es Colombia.

La Policía Nacional es una institución democrática cuya función consiste en proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y en asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Al tomar posesión de su cargo, el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó, bajo la gravedad del juramento, que se obligaba a cumplir y a hacer cumplir la Constitución Política de 1991, uno de cuyos componentes más importantes tiene que ver con la protección del ambiente, motivo por el cual, desde el principio de su vigencia, se la ha considerado una constitución ecológica.

Un elemento de primordial importancia durante el gobierno del presidente Gustavo Petro será, según lo han manifestado él mismo, la vicepresidenta Francia Márquez y varios de los ministros ya designados, será la protección, promoción, defensa y garantía de los Derechos Humanos.

Según el preámbulo de nuestra Constitución -que hoy no es simplemente una aspiración sino la directriz fundamental, vinculante, para la función y actividad del Estado-, el pueblo, en ejercicio de su poder soberano, y por conducto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, puso en vigencia esa Carta Política, entre otros fines con el de asegurar a la población la vida, la convivencia, la justicia, la libertad y la paz, “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.

Está muy bien que el presidente electo Gustavo Petro se haya comprometido, desde su campaña, a “cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia” (Art. 192 C.P.), sin perjuicio de promover los ajustes y reformas que pueda requerir para realizar su programa de gobierno.