El diario El Espectador dio inicio a su editorial del pasado 30 de septiembre con una sensata afirmación relacionada con las movilizaciones populares del 27 del mismo mes: “Tomarse las calles para manifestarse es un acto político. Es extraño, entonces, que se acuse a quienes se manifestaron esta semana de estar persiguiendo una agenda política”.

El término utopía hace referencia a una forma de sociedad tan perfecta que solo cabe en las mentes más brillantes y progresistas de la humanidad.

A las generaciones de colombianos que por su edad apenas comienzan a hacerse testigos del acontecer político debe parecerles curioso que prácticamente no haya episodio de la política nacional en la que no tenga algo que ver Gustavo Petro, bien como participante directo, bien como participante indirecto, pero siempre dejando ver su mano en casi todos los asuntos de algún interés.

He recibido un audio del jurista quindiano y luchador social César Arias, mediante el cual hace un lúcido comentario acerca de lo que representa para los colombianos la actual regla de fijación de precios de la gasolina y la existencia del Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles -FEPC-.

El pasado 31 de agosto, en el corregimiento de El Salado, municipio de Carmen de Bolívar, ante algunas centenas de campesinos de la región, el presidente Gustavo Petro hizo una emotiva defensa de su política agraria, preocupándose especialmente por salirle al paso a unas infundadas críticas según las cuales tal política es expropiadora, e incluso de expropiación exprés.

Está a punto de morir este mes de agosto, dejándonos en materia electoral unos resultados cargados de luces y sombras para los latinoamericanos. Refirámonos al tema utilizando el socorrido procedimiento del orden alfabético y comencemos por Argentina. 

Por estos días, nuestros congresistas pasaron a ganar la bobadita de $43.418.537, es decir, $5.538.108 más que el año pasado. ¿Que se trata de incrementos autorizados por la constitución y ley? Claro que sí. Pero ello no significa que quienes están facultados para modificar tales ordenamientos no puedan hacerlo, sobre todo cuando tales modificaciones han terminado convirtiéndose en un imperativo moral por referirse a normas generadoras de tan extrema inequidad como estas, las relacionadas con su salario.

Me perdonarán mis lectores que me refiera a un caso personal, pero lo hago por tratarse de algo que pasa muy frecuentemente, y de lo cual estamos en el derecho de exigir inmediata solución.

El difícil momento por el que pasa Gustavo Petro, a raíz de las circunstancias en que está comprometido su hijo mayor, ha hecho evidente la grandeza moral del presidente.

Hubiera querido referirme esta semana al tema político del momento, el cierre de la inscripción de las candidaturas que darán lugar a la provisión de los remplazos de los mandatarios de Ibagué y del Tolima y de sus concejales y diputados, pero la parálisis a que está avocada buena parte de la actividad económica y cultural de la ciudad me hizo cambiar de enfoque.