Como cada final y comienzo de año, esta vez volvió a agitarse el farisaico debate de comparar el aumento del sueldo de los parlamentarios con el que recibieron los millones de colombianos que “viven” del salario mínimo. El sueldo congresional es igual al de los magistrados de altas cortes y de las cabezas del poder judicial.

La falta de claridad sobre las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022 -en lo que coinciden numerosos analistas- se origina, entre otros factores, en el hecho de que a partir de 1991 en Colombia prácticamente desaparecieron los partidos políticos y que en cambio hoy solo existen supuestos “movimientos” que no resisten más de una elección.

Hace 30 años se produjo la tan atípica como curiosa y decisiva elección de los 70 colombianos (nuevos y viejos actores políticos) que redactaron la Constitución vigente. Y ese 9 de diciembre, el Ejército bombardeaba Casa Verde, refugio de las Farc en el Meta.

A propósito del prematuro comienzo del proceso de sucesión presidencial vuelven a oírse expresiones como “polarización”, centro, izquierda, centro izquierda, derecha o centro derecha, como si en realidad el país estuviera dividido por concepciones atadas a esas definiciones, a menudo citadas de manera general sólo para eludir la discusión política y filosófica.

Si, literalmente pareciera “llover sobre mojado”, en medio de esta coyuntura por el huracán Iota que azotó inclemente a San Andrés, Providencia y Santa Catalina -además de los conocidos estragos invernales de “temporada” en otras regiones-, no sobra volver sobre el tema de la permanente tragedia en que viven nuestros compatriotas del Chocó.

Durante las discusiones parlamentarias sobre el nuevo Código Electoral se ha armado una tempestad en un vaso de agua ante la propuesta –al parecer denegada- de derogar la Ley de Garantías (LG).

Como ocurre en la mayoría de países, en Colombia resultó muy difícil entender el “arrevesado” sistema de elección presidencial de los EEUU, donde no siempre el elegido es quien obtiene la mayoría de votos de los ciudadanos.

Este viernes 6 se cumplieron 35 años del holocausto del Palacio de Justicia, el hecho violento de mayor gravedad en el Siglo XX en Colombia y cuyas consecuencias aún vivimos y recordamos cuando se habla de reformar la justicia.

El plebiscito de 1957 –que, votado por 4.000.000 de hombres y mujeres aprobó el Frente Nacional para acabar la violenta confrontación entre liberales y conservadores– dispuso en su artículo 11: “A partir del primero de enero de 1958, el Gobierno Nacional invertirá no menos del diez por ciento (10%) de su presupuesto general de gastos en la educación pública...”.

Uno de los objetivos del proceso constituyente de 1991 fue profundizar la democracia para pasar de la representativa a la participativa. En efecto, en la anterior Constitución (CP) casi la única oportunidad que tenían los ciudadanos para participar en la integración de los órganos del poder y en la orientación política del país eran las elecciones, cada cuatro años, de Presidente, congresistas, diputados y, desde 1988, alcaldes municipales.