A propósito de los treinta años de la Constitución del 91 recomiendo, sobre todo a los jóvenes que quieran ir más allá de las alabanzas, la lectura de dos documentos que explican cómo los constituyentes acabaron cediendo ante las presiones de los narcos para prohibir la extradición.

En días recientes se desató en el país un injustificado “alboroto” por la supuesta impunidad que llegaría con la entrada en vigencia de un nuevo Código Disciplinario, aprobado en el año 2014. No hay lugar al escándalo. En realidad, este texto simplemente mantendría el histórico término de cinco años para la prescripción de las acciones disciplinarias.

Muchas explicaciones han tratado de encontrarse para entender un estallido social al que hasta ahora no se le ve salida. Entre ellas, se señala, el exacerbado presidencialismo. 

En estos días de pandemia, protestas justificadas y bloqueos injustificados, un amigo tomó un Uber, se puso a hablar con el conductor y le escuchó su historia. Se trataba de un joven administrador de empresas de 34 años graduado de una universidad bogotana relativamente costosa, con una maestría y dominio del inglés y el portugués. El hombre contó que manejar un carro para sobrevivir era la única opción que había encontrado después de repartir infructuosamente hojas de vida en entidades públicas -sin palancas políticas- y en empresas privadas y que, por lo tanto, no veía ya ningún futuro para él en el país.

El título de esta columna corresponde al slogan con el que la propaganda oficial en 1990 trataba de sembrar en la mentalidad de los colombianos la idea de que si se reformaba la Constitución por una vía distinta a la del Congreso se solucionarían todos los problemas que aquejaban a la Nación, que no son distintos a los que ahora se mencionan: desconfianza del pueblo en su clase dirigente, desprestigio del Congreso, descontrol del orden público por las acciones guerrilleras, pero principalmente por la arremetida terrorista del narcotráfico para quitarse la extradición de encima, corrupción política y administrativa, inequidades sociales y una desesperanza casi generalizada.

Diálogo, concertación, pacto nacional, amnistía, indulto, Frente Nacional, frente civil, son palabras que se han utilizado en el curso de nuestra accidentada historia para tratar de poner fin, casi siempre a medias, a las más diversas situaciones de tensión nacional, incluidos los conflictos armados.

Estas cruentas y sangrientas dos semanas de agitación social han sacado a flote, en toda su complejidad, la represada realidad socio-política y económica de la nación.

Varios columnistas por estos días se han ocupado de recordar el fatídico asesinato del exministro de Justicia Enrique Low Murtra, ocurrido el 30 de abril de 1991. Ese día, en absoluto estado de indefensión y por desprotección del Estado, un hombre que dedicó su vida al servicio de los colombianos cayó muerto a manos de sicarios mientras esperaba un bus saliendo de dictar su cátedra en la Universidad de la Salle.

A propósito del accidentado trámite de la reforma tributaria -de rimbombante nombre- se ha puesto de moda la palabra “mermelada”, que un politólogo extranjero asociaría con un desayuno, y no con un caso de compra de votos en el Congreso, práctica por cierto muy poco novedosa en la política colombiana.

El fuero penal militar ha existido prácticamente en todas las Constituciones de Colombia, en la definición que se ha repetido de la Constitución de 1886, conforme a la cual, “de los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”.