Más allá de las alabanzas a la “estabilidad institucional colombiana”, la verdad es que la inseguridad jurídico-política es uno de los rasgos esenciales de nuestro sistema.

Hablar del oportunismo de los políticos, que casi siempre se confunde con populismo de derecha y de izquierda, resulta casi una obviedad.

Con el título de esta columna no pretendo sugerir que la ley penal colombiana se aplique en el “espacio”, dado que muy pronto habrá viajes de turismo espacial.

El reconocido político liberal tolimense, Rafael Caicedo Espinosa, me contó alguna vez una anécdota histórica que muestra, en todo su esplendor, el daño que a la nación le ha hecho el llamado “fetichismo normativo”.

Hace casi veinte años fui a Madrid a visitar a mi hija Rosita, quien entonces cursaba una maestría en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III. En ese momento había un gran debate público por cuenta de dos jóvenes políticas, equivalentes aquí a concejales, que se habían pasado del PSOE al Partido Popular o viceversa. Como dicen los jóvenes, fueron objeto de “bullying” por “volteadas”. A donde fueran, restaurantes, bares o salas de cine, todo el mundo las insultaba llamándolas “tránsfugas”. Para librarse de los ataques resolvieron usar pelucas. Pensé entonces que si algo parecido ocurriera en Colombia, donde el transfuguismo descarado se volvió costumbre sin reproche, se dispararía la economía por la gran demanda de “peluquines”.

Hace unos años el país vio, a través de los medios, la impactante imagen del llanto de un Consejero de Estado indignado por el hecho de que un cuestionado representante a la Cámara, miembro de la Comisión de Acusaciones, decidió llamarlo a indagatoria por prevaricato.

Más allá de los mitos alrededor del proceso de promulgación de la Constitución hace treinta años, y del “pecado original” de haber cedido ante la presión de los narcos para abolir en ella la extradición, algunas cosas buenas quedaron para el país con esa nueva Carta Política. Fue un momento en que, para utilizar una frase de ranchera mexicana, el país “tuvo una ilusión”. Un sector de la juventud urbana se incorporó a la política. Surgieron liderazgos que aún perduran como los de Óscar Sánchez, ex Secretario de Educación del Distrito; Alejandra Barrios, Directora de la MOE; Catalina Botero, constitucionalista; Fabio Villa, Constituyente; Ana María Ruíz, periodista; Fernando Carrillo, Claudia López y otros.  

Hace algunos años, cuando el todopoderoso y temido paramilitar Salvatore Mancuso fue recibido en el Congreso -con imagen “lavada” con el apoyo de algún sector de los medios-, nadie hubiera imaginado que hoy lo verían dando declaraciones a la prensa en las que pide protección para él y para su familia.

A propósito de los treinta años de la Constitución del 91 recomiendo, sobre todo a los jóvenes que quieran ir más allá de las alabanzas, la lectura de dos documentos que explican cómo los constituyentes acabaron cediendo ante las presiones de los narcos para prohibir la extradición.

En días recientes se desató en el país un injustificado “alboroto” por la supuesta impunidad que llegaría con la entrada en vigencia de un nuevo Código Disciplinario, aprobado en el año 2014. No hay lugar al escándalo. En realidad, este texto simplemente mantendría el histórico término de cinco años para la prescripción de las acciones disciplinarias.