Si algún asunto amerita atención pública es el relacionado con el agua. Es un lugar común decirlo, pero sin agua no hay vida. Desde hace algunos años se vienen incubando gravísimos problemas relacionados con la gestión de este recurso vital en todo el país, y el Tolima por supuesto no es la excepción.

El descalabro de la Registraduría Nacional en las pasadas elecciones no debería dejarse pasar así como así. Ahora resulta que entre la fase del preconteo y el escrutinio, no solo se dejaron de contabilizar más de un millón de votos para el Senado, sino también más de medio millón de votos para la Cámara de Representantes. Las cosas están pasando de castaño a oscuro.

Le atribuyen a Einstein la frase de que locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Y eso parece ser lo que sucede en la campaña de Sergio Fajardo. Se actúa como si no hubiese conciencia de los yerros de la Coalición Centro Esperanza, sobre la cual podría escribirse un manual: cómo perder elecciones sin morir en el intento. Fajardo está en mora de dar un giro copernicano.

Cuando Íngrid Betancourt aterrizó en la Coalición de la Esperanza, un experimentado amigo, muy conocedor de la política, cuyo nombre omito para guardar confidencialidad, me dijo: “Guillermo, hasta ahí llegó esa coalición. Íngrid desbarata un balín”. Y agregó otros comentarios sobre su personalidad. No lo controvertí, y debo confesar que internamente me pareció un tanto injusta esa afirmación, por varias razones.

Hace cien años compitieron por la presidencia de la República (1922-26) dos generales de la Guerra de los Mil días: Benjamín Herrera (liberal) y Pedro Nel Ospina (conservador), quien resultó victorioso. Los liberales hablaron de fraude, de coacción oficial e interferencia partidista de la Iglesia, y un sector de esa colectividad quería volver a las armas, como era usual.

Tomo en préstamo el título del célebre poema de John Donne y de la novela de Ernest Hemingway, para referirme al estado de salud de la democracia colombiana, tras las pasadas elecciones. Y lo hago convencido de que este asunto amerita, como lo dije hace cuatro años y hace ocho y hace doce, y como lo venimos diciendo luego de todas las elecciones, un profundo debate.

La democracia colombiana se encuentra bajo asedio. No es la primera vez, por supuesto. Desafortunadamente, las imperfecciones de nuestro sistema político electoral son históricas, tanto que una de las creencias más extendidas y consolidadas se basa en la ya antigua sentencia de que “el que escruta, elige”. La desconfianza popular no es nueva ni mucho menos infundada, y ha dado lugar a grandes índices de abstención electoral que casi siempre sobrepasan el cincuenta por ciento.   

Ya lo hemos dicho, pero volveremos a decirlo una, dos y cuantas veces más sea necesario: la Nación no puede seguir pensando como Luis XIV, “el Estado soy yo”. No. La Constitución del 91 dice que el municipio es la entidad fundamental del Estado, y eso debe aceptarse y reconocerse no solo en la ley sino por la propia ciudadanía y dirigencia política.

La corrupción política se ha vuelto estructural. Es sistémica. Un cáncer que corroe los cimientos de la institucionalidad democrática y de la sociedad misma. Para derrotarla se requiere transformar radicalmente la forma como está organizado el Estado, y esto, muy difícilmente podrá hacerse a través del Congreso. Así como suena, por crudo y duro que parezca, especialmente teniendo en cuenta que quien esto escribe es aspirante al senado de la República.

En Colombia históricamente ha existido desdén por lo local. Quienes viven en los pueblos son considerados ciudadanos de cuarta y quinta categoría. De hecho, así se clasifica a los municipios, de primera a sexta. Categorías creadas con criterios demográficos y presupuestales, que solo contribuyen a profundizar brechas en el desarrollo territorial y a poner talanqueras a la gestión municipal.