La corrupción política se ha vuelto estructural. Es sistémica. Un cáncer que corroe los cimientos de la institucionalidad democrática y de la sociedad misma. Para derrotarla se requiere transformar radicalmente la forma como está organizado el Estado, y esto, muy difícilmente podrá hacerse a través del Congreso. Así como suena, por crudo y duro que parezca, especialmente teniendo en cuenta que quien esto escribe es aspirante al senado de la República.

En Colombia históricamente ha existido desdén por lo local. Quienes viven en los pueblos son considerados ciudadanos de cuarta y quinta categoría. De hecho, así se clasifica a los municipios, de primera a sexta. Categorías creadas con criterios demográficos y presupuestales, que solo contribuyen a profundizar brechas en el desarrollo territorial y a poner talanqueras a la gestión municipal.

Circulan por las redes fotografías en las que se observa una Toyota de matrícula MCN-557 con propaganda al senado de Óscar Barreto, presuntamente entregando mercados a electores potenciales en barrios populares. Este tipo de conductas tipifican un delito, ‘corrupción al elector’, consistente en ofrecer o entregar dádivas para determinar el voto de los ciudadanos.

Se dice que Colombia es un país de regiones. Y eso es verdad. La accidentada geografía nacional, única en el continente, configura no uno sino varios países.

Recibí esta semana un respetuoso mensaje del exsenador Mauricio Jaramillo, en el cual me recrimina por las afirmaciones de mi columna pasada, en donde califiqué de traición al Tolima la decisión de apoyar a un candidato de Caldas al Senado. Pese a que su mensaje es privado, el asunto es público, y por ello me voy a referir a algunas de sus consideraciones. Dice Jaramillo que mis opiniones son injustas y banales, y que desconozco su compromiso con el liberalismo y el departamento; que la decisión de votar por un caldense se tomó ante la imposibilidad de tener un candidato tolimense que obtuviese 80 mil votos, la votación que él estima como mínima para obtener una curul, y que no todos tienen mi suerte, que a pesar de mi “escasa capacidad electoral, le han dado un lugar de privilegio en la lista del Nuevo Liberalismo”.

Finalizando los años ochenta Colombia tuvo que enfrentar la terrible amenaza del narcoterrorismo.

Uno de los desafíos que tiene el país es que todo el pueblo de Colombia tenga voz en el Congreso Nacional. Esto es algo que quiso la Constituyente del 91, creando circunscripciones especiales, como la de los indígenas en el Senado, la de afrocolombianos en la Cámara y las de colombianos residentes en el exterior, a cuya población le arrebataron un cupo.

La decisión no era fácil. Primero había que ganar las ‘primarias’ en mi familia, que con sobrada razón se oponía a que nos metiéramos a participar electoralmente y ofrecerle a Colombia una opción de cambio real. Consulté a los amigos, algunos de ellos, llenos de cariño y sensatez, me aconsejaron ni siquiera pensarlo, sabedores de que carezco de fortuna económica y de ‘maquinaria electoral’ para aspirar a un escaño en el senado de la República. Así, tomé distancia y me fui casi dos meses a España, a valorar la situación y tener mayores elementos de juicio. Regresé tan dubitativo como me fui.

A simple vista el asunto parece intrascendente, pero no hay tal. Es muy importante, tiene implicaciones culturales, económicas e inclusive políticas.

Esta semana hubo dos noticias que llamaron mucho mi atención: una, que la reactivación económica efectivamente está teniendo lugar y la tasa de desempleo comienza a ceder; la otra, que según el Banco Mundial y el Pnud, Colombia es el país con la mayor tasa de desempleo en Latinoamérica después de Haití.