La Contraloría General de la República, CGR, en la auditoría de cumplimiento que hizo sobre el proyecto de construcción "Construcción de la Nueva Vía Ibagué - Armenia, Túnel de La Línea", estableció 17 hallazgos administrativos, de los cuales 16 tienen presunta incidencia disciplinaria, cinco con presunta incidencia penal y cinco con presunta incidencia fiscal por valor de $61.701.900.013.

Las irregularidades encontradas involucran a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, al Instituto Nacional de Vías, Invías, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mads.

El actuar de estas instituciones y corporaciones, provocó afectaciones irreversibles en los ríos de Anaime y Bermellón (Tolima), Navarco (Quindío), sobrecostos en contratos y pérdida de recursos por compensaciones ambientales, entre otros.

Caber recordar que este megaproyecto conecta a Ibagué con Armenia y comprende la intervención de 59.89 kilómetros. Asimismo, de acuerdo con los recursos destinados en cada vigencia fiscal, asignada a Invías, en el proyecto se han invertido aproximadamente $2.8 billones de pesos.

Detrimento I

Debido a las ineficientes medidas de manejo ambiental relacionadas con el tratamiento de las aguas que drena el túnel piloto y el túnel principal del proyecto “cruce de la cordillera central”, se han presentado afectaciones ambientales que han sido asumidas por el Estado a través de Invías.

En esta medida, las fallas y omisiones en el proceso de planeación del Contrato No. 1883 de 2014 celebrado con Conlínea 3, sufrió múltiples adiciones y modificaciones del contrato, e implicaron una adición de $37.550.000.000, que representan un 33.88% en sobrecostos.

Según la CGR, “se generó un presunto detrimento al patrimonio del Estado estimado en $1.832.571.490 representado en: los recursos comprometidos por parte del Invías en el Contrato 1883 de 2014 celebrado con Conlinea 3; y el pasivo ambiental, representado en la contaminación por sólidos suspendidos, no asimilable por parte de la quebrada La Gata, Santo Domingo. Por lo anterior, la presente observación tiene presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal”.

Detrimento II

Cortolima emitió una resolución en 2017 que dio la titularidad al Invías de todos los derechos y obligaciones sobre una construcción que no se llevó a cabo y que le correspondía hacer a la Unión Temporal Segundo Centenario, Utsc, primer contratista que tuvo el instituto para desarrollar el proyecto.

La Corporación cobró la obligación de pago por concepto de seguimiento al Invías para las vigencias 2016, 2017 y 2018.

Los cobros se dieron por un permiso de ocupación de cauce para realizar la construcción de un box coulvert, que por los rediseños del megaproyecto no se tiene contemplado hacer.

En esta medida el Estado asumió a través del Invías, las obligaciones ambientales no cumplidas y posibles pasivos ambientales generados por actores privados; produciendo un presunto detrimento patrimonial por valor de $10.858.235 para los años 2016, 2017 y 2018. El hallazgo se definió con presunta connotación disciplinaria y fiscal.

Detrimento III

El Invías solicitó a las distintas autoridades ambientales con competencia sobre el proyecto, que se tuviese a dicho Instituto como beneficiario de los distintos permisos ambientales que tuviese a cargo la Utsc, dado que el contrato 3460 de 2008 celebrado con este consorcio, finalizó el 30 de noviembre de 2016 por vencimiento del plazo contractual.

Pero hubo obligaciones que antes de darse el traspaso a Invías como beneficiario no fueron ejecutadas por el consorcio, compensaciones relacionadas con los permisos ambientales.

Después el Instituto suscribió el contrato 806 de 2017 por valor de $224.407.991.098 para la "Terminación del túnel de la línea y segunda calzada Calarcá - Cajamarca - Proyecto Cruce de la cordillera central".

Dado que en el contrato de 2017 fueron contempladas las obligaciones incumplidas por la Utsc, y los permisos ambientales fueron asumidos por el Invías, la CGR consideró que el presupuesto de pendientes generó un presunto detrimento patrimonial por valor de $59.654.779.568.

Responsables

 Según la Contraloría, Invías como gestor del proyecto y titular de la licencia ambiental, incumplió las obligaciones ambientales impuestas, incurrió en ausencia de compensaciones ambientales por afectación al componente forestal, afectó la red hídrica del área de influencia e incumplió el compromiso antieconómico sobre recursos del Estado para cumplir obligaciones ambientales.

Por otro lado, en cuanto al actuar de la entidades ambientales, el informe detalla: “Anla, Cortolima, CRQ y Mads: (vi) descoordinación entre autoridades ambientales; (vii) debilidades en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto; (viii) desconocimiento de competencias; (ix) omisión en la función misional de seguimiento y control; (xii) debilidades en la facultad sancionatoria; (xiii) debilidades en la exigencia de compensaciones ambientales”. 

Daños ambientales

 Uno de los hallazgos con incidencia penal se debe a que Invías inició la construcción de un Túnel Piloto sin tener la licencia ambiental en 2004.

En esta medida, posteriormente se generaron graves afectaciones a todo el ecosistema ambiental del área de influencia, que incluye el río Santo Domingo, quebrada Salado o la Gata, quebrada San Rafael y quebrada el Naranjal, que abastecen el acueducto del municipio de Calarcá en Quindío.

Pues cuando inicia la construcción del túnel licenciado ya las zonas de depósito se encontraban con la capacidad licenciada y el recurso hídrico con una gran afectación.

En el año 2012, cuando asume como autoridad competente del proyecto, la Anla, no se manifestó ante la ausencia del requerimiento de la licencia, a pesar de ser evidentes los impactos ambientales que ya estaban generados.

La CGR en las semanas del 11 al 15 de marzo al Departamento del Quindío y del 22 al 26 de abril de 2019 al Departamento del Tolima, corroboró que el Túnel Piloto aún se encuentra en construcción.

Otra de los hallazgos con incidencia penal, tiene que ver con las afectaciones ambientales a los ríos Anaime, Navarco y Bermellón, a causa de la falta de control por parte del Ministerio, como la Anla, sobre la actividad de Invías desde el año 2005.

Así que se realizó la disposición de materiales en las zonas de depósito sin cumplir la exigencia de la Licencia Ambiental que indicaba que debía construir estructuras para manejo de escombros mediante filtros, muros de contención y gaviones.

En el informe la CGR, manifiesta: “Daño grave e irreversible causado al álveo de los ríos Anaime, Navarco y Bermellón, que está generando la degradación del medio ambiente, afectando el paisaje y las fuentes hídricas”.