Aunque estudié Gobierno, a lo largo de mis estudios repelaba la idea de ser parte de un partido o apoyar la campaña de algún candidato. Me parecía que la gente que se afiliaba a un partido lo hacía más desde ese espíritu gregario de querer pertenecer a algo y no por convicciones ideológicas reales.

Arnoldo de Jesús Ricardo Iregui, 58 años de edad, conductor de taxi en Cartagena, figura como el primer colombiano muerto por Covid 19, el 16 de marzo del 2020. Su contagio se debió a la prestación de un servicio a turistas italianos que estornudaban y tosían a sus espaldas, sin contar con la debida protección, porque la pandemia hasta ese momento se consideraba un problema de los chinos y no de nosotros. La impericia de quienes le tomaron las muestras no permitieron detectar el virus, pero pocos días después su hermana, que estuvo siempre a su lado y el médico que lo recibió en la clínica dieron positivo. Con los síntomas del paciente y los contagios no hubo más discusión y el Instituto Nacional de Salud dio como diagnóstico oficial el Covid 19.

El llamado de urgencia para que se apruebe, por parte del congreso, el proceso de juzgamiento de los servidores públicos que tienen origen en elección popular, merece toda la atención del caso, pues según la Procuraduría, existe la posibilidad de que prescriban mas de 10.000 denuncias, al no poderse fallar, por no haberse adaptado la norma a las postulados que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera que estos servidores públicos no pueden ser sancionados por la Procuraduría, sino por un organismo judicial que incorpore la doble instancia en el proceso.

Al asumir como Procuradora General de la Nación juré defender la Constitución Política y cumplir con toda la rigurosidad las funciones del Ministerio Público, una de ellas, sin lugar a dudas, la función disciplinaria, potestad que, como lo ha indicado la Corte Constitucional es una de las más importantes manifestaciones del ius puniendi estatal, en tanto busca prevenir y sancionar las conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes o que obstaculizan la correcta marcha de administración pública, desconociendo los principios que rigen el ejercicio de la función pública.

Los cambios que está generando la cuarta revolución industrial y la reinvención a la que nos está llevando la pandemia exigen de las instituciones de educación superior, IES, una profunda reflexión de su quehacer.

Se me acusa de haber marchado en las calles, como otros miles y miles de estudiantes y obreros, pobres como yo, y que no tenía derecho de hacerlo. Si esto es un delito creo que, cuanto menos, deben indicarme exactamente a cuál de los delitos corresponde mi conducta en el código penal.

Hace cerca de veinticinco años llegaron al Tolima setenta familias desplazadas del Cesar a las que el Estado albergó en cerca de 600 hectáreas en La Miel. Como parte de un acuerdo, años más adelante ellos cedieron un terreno aproximado de 67 hectáreas al Estado para la adecuación de un “Parque Industrial de Residuos Sólidos”.

Las elecciones a la constituyente en Chile terminaron con la derrota del oficialismo, logrando la oposición una mayoría del 77%, pierde el modelo neoliberal inscrito con sangre en la dictadura de Pinochet. Ha ganado el sentimiento de cambio y transformación convertido en fuerza mayoritaria desde su nacimiento con las protestas sociales en la plaza de la dignidad, con el movimiento feminista a la cabeza.