El ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, dio detalles sobre el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de liberar a los jóvenes que fueron capturados en las protestas del paro nacional y que para ello serán declarados gestores de paz.

Prada aseguró que no serían nombrados gestores, sino voceros, y no solamente será una figura a la que puedan aspirar los miembros de la primera línea, sino también personas que hayan participado en las protestas en general.

Durante la mañana de ayer se reunieron en la Casa de Nariño funcionarios del Gobierno para evaluar la medida anunciada por el presidente Petro. El Gobierno expedirá la reglamentación en las próximas horas vía decreto que permitirá la elección de los voceros, la forma en que se elegirán y las facultades que tendrán.

Se creará una comisión de alto nivel que hará parte de la reglamentación para definir las personas que serían voceros. La conformarán el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el ministro del Interior, Alfonso Prada. Cada caso se definirá de forma individual. Los voceros no podrán violar ninguna ley.

“Esta medida va dirigida a líderes sociales, no solamente a jóvenes capturados en medio de la protesta social, sino en general a los líderes sociales que el Gobierno en cabeza del presidente y con la recomendación de la comisión de alto nivel considere que pueden aportar básicamente a la consolidación del proceso de paz en sus regiones y a la conflictividad social”, expresó Prada.

Y reiteró el ministro Prada: “No será una amnistía, no es un indulto, no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente definan los jueces en sentencia judicial, los procesos por ende no se suspenden”.

El ministro además informó que las labores de los voceros estarán relacionadas con todo tipo de conflictos en las diferentes regiones del país, y los voceros serán quienes tomen parte en procesos de pacificación que acerquen a las partes de los conflictos en temas ambientales, de sociabilidad, entre otros.

“Para quienes hayan sido de una u otra manera sindicados de haber afectado bienes, una de sus funciones va a ser precisamente la de cuidar los bienes para efectos de que no se repita este tipo de comportamientos y conductas”, expresó Prada.

Y reiteró el ministro: “Esta decisión se da dentro del marco de profundo respeto del Gobierno del presidente Gustavo Petro y por sus convicciones históricas, en el marco del más profundo respeto a la división de poderes, a la administración de justicia y naturalmente al derecho a la protesta que tienen los colombianos”.

Finalmente, el ministro aseguró que hasta el momento no se ha evaluado ningún caso ni la forma en la que ostentarán la figura las personas que seleccionen.

El plan de acción de Petro es que, una vez se estudien los casos, será la Presidencia de la República la que solicite la libertad de estas personas a la Fiscalía. Eso sí, el ministro hizo la aclaración de que si esos presuntos vándalos vuelven a cometer delitos, perderán el beneficio que les otorgó la administración.

Sería demandada

Su decisión es tan polémica que ya la oposición anunció que demandará ante el Consejo de Estado la medida, una vez se publique el decreto que la ratifica.

“Es ilegítimo e ilegal que el gobierno quiera hacer eso (...) La figura de gestores de paz se ha utilizado tradicionalmente para beneficiar a miembros de grupos armados al margen de la ley, no a personas que incurren en delitos comunes como secuestro, homicidio, extorsión, lesiones personales, tortura, entre otros, como están procesados los miembros de la primera línea”, cuestionó el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid.