378 casos de violencia sexual ocurridos entre 2018 y 2020 contra integrantes de las comunidades indígenas de Guaviare, los cuales se encontraban en los registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, serán investigados por la Fiscalía.

“Vamos a cruzar nuestros datos con el SPOA y verificar si esas carpetas del Icbf fueron trasladadas cada una de ellas a la Fiscalía General de la Nación porque de lo contrario, si hay algún vacío iniciaríamos procesos penales por prevaricato por omisión contra los respectivos funcionarios”, explicó el Fiscal Francisco Barbosa Delgado.