La carencia en la prestación del servicio de agua potable en Ibagué es un tema cada vez más complejo, los entes de control han expuesto la deficiencia en la calidad del recurso en varios de los acueductos comunitarios y han advertido que alrededor del 20% de la población toma agua cruda no apta para el consumo.

Esta situación se agudiza para los nuevos propietarios de apartamentos en la ciudad, quienes en medio del auge de un buen número de proyectos de vivienda han terminado comprando -sin conocer la situación-, propiedades que no cumplen su deber legal y constitucional de abastecer agua de forma continua y de calidad, a pesar de no seguir la normativa, poseen licencias de construcción vigentes que permiten su desarrollo. 

Uno de las situaciones que ha tenido mayor visibilidad, pese a que aún no tiene una solución definitiva, es en el conjunto residencial Alminar Samoa, esto luego de que un fallo de la Corte Constitucional le ordenara al Municipio y al acueducto comunitario El Triunfo -de dónde se obtiene y trata el agua-, tomar acciones para garantizar el recurso cumpliendo con el Índice de Riesgo para la Calidad del Agua Potable, Irca, luego de determinar que el mismo Municipio le estaba vulnerando el derecho a estas familias.

En el lugar pese a que se conocía que no había perímetro hidrosanitario por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado Ibal, se construyeron 960 Viviendas de Interés Social (VIS).

La Contraloría General de la República - Gerencia Tolima y la Procuraduría Regional ya han alertado en diferentes escenarios, la situación que se registra y que de forma lamentable, se repite sin que hasta ahora se tomen acciones reales para disminuir este perjuicio a la ciudadanía. 

Por lo mismo, desde la Contraloría General de la República, CGR, a través de un extenso informe se enunció toda una serie de afectaciones que vive otro grupo ciudadano en Ibagué, esta vez al sur de la ciudad en el conjunto residencial Altos de Miramar y con el que esperan que se traze una línea de intervención en temas de salud pública, ambiente sano y licenciamiento urbanístico, este último parte vital para el desarrollo de la ciudad. 

 

Una ‘plaga’ de inconsistencias en Altos de Miramar

La comunidad se opone a la costrucción de una cuarta torre cerca de la quebrada La Cangreja. La constructora asegura tener todo en regla.

 

El conjunto residencial Altos de Miramar está ubicado en la comuna 12, a la fecha lo conforman 324 apartamentos declarados como Vivienda de Interés Social (VIS) y pese a que los residentes han advertido un sinfín de inconsistencias, entre ellos, el problema con el abastecimiento de agua potable, y la nula instalación de una red contra incendios con las características técnicas exigidas, desde el 2018 se habilitó su ocupación. 

Según advierte el ente de control, el génesis de las irregularidades se dio desde el momento mismo en que la Curaduría Urbana número Dos, en ese entonces a cargo Greisman Cifuentes, otorgó la licencia de urbanismo y construcción del proyecto a la sociedad Construsur Asociados SAS, quien de forma posterior le entregó sus derechos a la sociedad Construservicios ByH Ltda. 

En ese entonces en la licencia de construcción se especificó que el proyecto estaba destinado para vivienda VIS, es decir, que debía cumplir varios ítems legales asegurando su habitabilidad, estándares de calidad y diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción. 

Además, en marzo del 2015 a través de la Secretaría de Planeación de Ibagué mediante un plano topográfico derivado del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se demarcaron las normas urbanísticas aplicables en el caso en particular.

Uno de los argumentos más representativos para la expedición de la licencia de construcción fue el 'visto bueno' que otorgó el Ibal donde garantizaba el recurso, cuando aún hoy, siete años después, es claro por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado Ibal, que no hay servicio en este perímetro.

La autorización se entregó a través del oficio número 060 del 25 de junio de 2015 del Ibal, en el mismo, se concede disponibilidad de servicio hidráulico para construir tres torres de 12 niveles para 324 apartamentos, además la disponibilidad del servicio hidrosanitario con vigencia de dos años. Según había expuesto la Curaduría, el oficio fue suscrito por Juan Carlos Núñez Gonzales, jefe de acueducto y Alfonso Augusto del Campo jefe del grupo técnico de alcantarillado en ese entonces.

La licencia que otorgó el ya polémico curador Cifuentes, también determinó el cuadro de áreas de urbanismo, en varios de los aspectos fijó un "área de afectación" por la quebrada La Cangreja que colinda con el proyecto urbanístico, inicialmente fue de 10.368 metros cuadrados, pero después sin aparente explicación se redujo a 4.657 metros cuadrados, lo que amplió el área útil del lote que pasó de 8.927 a 13.210 metros cuadrados.

También, les dio un plazo de 36 meses para que se hicieran los respectivos trabajos de urbanismo con una interventoría conformada por un comité técnico de construcciones, la Secretaría de Infraestructura de Ibagué  y las empresas de servicios públicos, quienes debían velar por el cumplimiento y calidad de lo elaborado, situación que tampoco ocurrió y cuyo plazo ya expiró.

Es claro que en el proyecto no hay una vía de acceso en óptimas condiciones, la que existe es una trocha, no hay andenes, sardineles y mucho menos un sistema de disposición de aguas lluvias o de residuos sólidos, situación que reafirma el ente de control. 

Lo curioso de la situación reseñó la Contraloría es que desde la Curaduría se expidieron en el transcurso del tiempo 10 licencias de construcción, en donde se ha viabilizado el cambio en espacio, distribución y construcción; se añadió una nueva torre y un tanque subterráneo, situaciones que no estaban dentro de lo que se le presentó a los hoy propietarios.

En el mismo sentido, la CGR cuestionó que se hayan pagado con recursos públicos procedentes de subsidios de vivienda cuando, según dicen, no se cumplen con los estándares de calidad y diseño para considerarse VIS, "se podría eventualmente estar incurriendo en el punible de fraude a subvenciones (...) si bien los beneficiarios de estos subsidios son los ciudadanos compradores de las viviendas, de ninguna manera estos, son los causantes de las significativas deficiencias que estas presentan; por el contrario, son víctimas, porque al igual que el Estado, entregaron sus recursos con la promesa contractual, de recibir a cambio viviendas que cumplieran con elementos que aseguren su habitabilidad", expuso la CGR. 

 

Una autorización del agua 'en el aire'

Así está la ruta de acceso al conjunto residencial. No hay pavimento, andenes o sardineles.

 

En medio del informe que elaboró la Contraloría se reseñó que tal y como expuso el curador Greisman Cifuentes en la resolución de licenciamiento de construcción, sí existió un documento que daba disponibilidad del servicio por parte del Ibal; sin embargo, para el ente de control el desarrollador original del proyecto ya sabía que donde fijó la obra no había servicio de acueducto y alcantarillado del Municipio, esto por lo que aparece en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y porque en el 2014, antes de que se expidiera dicho documento del Ibal, ya se había solicitado la disponibilidad de servicio al acueducto comunitario Acuamiramar, mismo que fue otorgado. 

"Era de pleno conocimiento del desarrollador original del proyecto Conjunto Residencial Altos de Miramar (Cram), lo cual se pone de manifiesto, en la 'disponibilidad de servicios de acueducto', expedida en mayo de 2014 por la Junta de Acción Comunal del barrio Miramar a Construsur Asociados S.A.S, mediante la cual, no solo se otorga disponibilidad de acueducto para el proyecto, sino que ella se extiende al servicio de alcantarillado y red pluvial", dijo el ente de control.

Incluso que no existiera el servicio del Ibal también se había informado por la misma empresa en 2014, cuando se le negó la solicitud de viabilidad hidrosanitaria, además de que la situación se reiteró en otros momentos y en varios actos administrativos. 

La Contraloría además detectó otras inconsistencias en las que habría incurrido el ente descentralizado con sus autorizaciones, la constructora en su intento de conseguir el recurso empezó a tramitar ante la Corporación Autónoma del Tolima, Cortolima, una concesión de aguas subterráneas en un tanque que se construyó, también, con permiso del curador en el proyecto.

En los documentos remitidos volvió a aparecer una copia del oficio del Ibal cuando en el 2015 viabilizó el recurso que dio paso a la obtención de la licencia, para este caso el documento aparecía con su mismo contenido y fechado de 2015, pero con papelería de la actual administración.

Asimismo, a diferencia de lo que reseñó el curador en la copia del documento ya no apareció el nombre del entonces jefe de acueducto y hoy secretario de Movilidad, Juan Carlos Núñez, solo estaba el de Alfonso Augusto del Campo jefe del grupo técnico de alcantarillado y el nombre de Fernely Ramírez Suárez como jefe de la Oficina asesora de Planeación. La Contraloría también advirtió que el nombre del hoy alcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera aparece como apoderado del constructor, situación que piden sea aclarada en las instancias correspondientes.

De forma adicional, dice la CGR que pese a las presuntas anomalías, luego de la negativa de la CAR para otorgar la concesión de agua subterránea, esto porque la información reportada no permitía realizar una validación de las áreas a bombear, se conoció que el constructor arrimó un nuevo documento expedido por el Ibal donde de nuevo le otorga disponibilidad de servicios hidrosanitarios -a sabiendas de que no existe- por medio del documento 062 del 19 de julio del 2019.

En esta oportunidad la nueva disponibilidad es para 114 apartamentos que corresponde a una etapa 4 del conjunto residencial, misma que fue adicionada al proyecto que inicialmente solo se preveía con tres torres. 

"Se está frente a una nueva disponibilidad de servicios, para apartamentos adicionales al proyecto original, los cuales fueran licenciados por el Curador Urbano número Dos, (...) así las cosas, se deduce que con fundamento en una disponibilidad  hidrosanitaria, emitida por un prestador que carece de perímetro hidrosanitario para el lote de terreno del proyecto Cram, y sin contar con acto administrativo de licenciamiento urbanístico, mediante la resolución 432 del 26 de julio del 2017, se procedió a otorgar licencia de construcción para la nueva torre 4 del proyecto", aseveró la CGR gerencial Tolima. 

 

¿Un convenio salvavidas?

Los residentes de Altos de Miramar aseguran que no queda nada de lo que les prometieron en los planos. 

 

El 18 de enero de este año, el Ibal decidió suscribir un convenio de cooperación con Construservicios ByH Ltda, el mismo busca que en 12 meses el privado financie, construya y entregue redes de acueducto y un sistema de impulsión que beneficia a un perímetro de la comuna 12, donde está el proyecto residencial Altos de Miramar, el aporte también lo hace de forma directa la constructora con una inversión de $420 millones 929 mil pesos.

La construcción está prevista que se haga al tanque Sur o 'Miramar'; sin embargo, la operación de este solo depende de la culminación de la fase Dos etapa Dos del Acueducto Complementario. 

Al respecto, la Contraloría advierte que no es cierto que la conexión entre el tanque Sur y el proyecto Altos de Miramar pueda garantizar el servicio de acueducto, esto por todas las necesidades que tiene el proyecto Acueducto Complementario en cuanto a diseños, rediseños y financiación y la incertidumbre que existe frente a su terminación.

"Eventualmente, en la actualidad y en el escenario de tiempo del convenio en  mención, tan solo se podría llevar agua cruda al tanque sur, lo cual no constituye servicio de acueducto. Por lo que, entre tanto, los habitantes presentes y futuros, tendrían que seguirse viendo sometidos a las actuales condiciones de indignidad e ilegalidad a las cuales han sido expuestos", denuncia la CGR.

En cuanto al sistema de conducción del agua por bombeo, se cuestiona el desconocimiento que habría de los diseños del tanque Miramar, puesto que en este se prevé surtir agua por gravedad, además los costos de bombeo terminarían impactando el bolsillo de los usuarios del acueducto comunitario, por ende a los habitantes de Altos de Miramar. 

Igualmente, se cuestionó que el Ibal reciba la infraestructura para su mantenimiento, pero no la opere, también que sea la encargada de realizar los trámites de adquisición de servidumbres sin que se defina el valor y la fuente para financiarlo. 

 

Más proyectos

Quienes compraron su apartamento en Altos de Miramar aseguran sentirse engañados y piden que les cumplan por lo que pagaron.

 

En medio del caótico proceso que han tenido que vivir los residentes de Altos de Miramar, desde la Veeduría Agua para Ibagué (Vapi) se alertó de la construcción y venta de otros tres proyectos de vivienda en la zona, que se teme se ejecuten bajo las mismas condiciones y sin tampoco hacer parte del perímetro hidrosanitario del Ibal.

"Los nuevos rascacielos de la ciudad se encuentran pegados o muy cercanos al batallón de Infantería Jaime Rooke ¿este sector de Boquerón se está convirtiendo en el nuevo polo de desarrollo de la ciudad?", criticó el representante de la veeduría.

Uno de los proyectos es el conjunto residencial Mirador de San Fernando, ubicado a pocos metros de Altos de Miramar, un proyecto que comprende la construcción de cuatro torres con apartamentos desde 35 a 63 metros cuadrados y según reseñan con la posibilidad de que se pueda aplicar a los subsidios de vivienda. 

Sin embargo, para Vapi existen los mismos cuestionamientos, "¿tiene disponibilidad del recurso a través del sistema de acueducto y alcantarillado del municipio?, ¿quién regula el cumplimiento de las exigencias de calidad y habitabilidad?", se cuestiona.

En el panorama también está la urbanización Colinas del Calamar, en donde ofrecen para la venta 245 lotes urbanizados desde 63 a 90 metros cuadrados; no obstante Vapi criticó si existe un eventual permiso, esto por las actividades de urbanismo sin iniciar o concluir.

Además alertó de intervenciones sin ninguna técnica en zonas de ladera y terrenos 100% arenosos. 

El otro gran proyecto de vivienda es Lotus de la constructora El Pomar, proyecto de vivienda VIS contiguo al batallón Rooke, con 24 mil metros cuadrados de zonas comunes y también con la posibilidad de que se acceda a subsidios del Gobierno nacional.

Lotus le apuesta a un ambicioso proyecto que comprende la construcción de 10 torres de 15 pisos. Al ser interrogados por el cumplimiento de las necesidades básicas  en cuanto a servicios públicos, la constructora señaló a esta redacción que sí tienen la viabilidad del recurso por parte del Ibal y que su proyecto cumple la normativa exigida. 

 

Las explicaciones de ByH

Esta redacción buscó a Construservicios ByH Ltda para conocer cuál es su posición frente a lo que denuncian los entes de control y la comunidad. Melissa Cárdenas, abogada de la constructora expuso cuáles han sido las acciones de la empresa y señaló que la obra no ha podido llegar a feliz término, por los conflictos que se han desatado con los copropietarios. 

 

EL NUEVO DÍA.: La comunidad se ha quejado por problemas para el suministro de agua potable, ¿qué les pueden decir?

Melissa Cárdenas.: Dentro de lo que se ofertó en el proyecto, obviamente se ofertó el servicio de agua, la comunidad no ha sufrido de escasez o de falta de agua porque desde un comienzo el Ibal nos otorgó la disponibilidad hidrosanitaria para construir todas las torres; sin embargo, cuando fuimos a hacer las acometidas el Ibal se dio cuenta que la estructura no llegaba hasta esta zona.

Como sabemos hoy en día no hay acceso al agua del Ibal en la zona sur, la constructora buscó mediante un acueducto privado suministrarle el agua a cada uno de los propietarios, desde la fecha en la que se les entregó hasta el día de hoy la comunidad ha gozado del servicio de agua potable sin ningún valor adicional, ellos no están pagando la suma por el servicio de agua y todo ha sido suministrado por la constructora.

 

E.N.D.: ¿De dónde están captando el recurso?

M.C.: El agua es de un acueducto que se llama Acuamiramar, la constructora hizo los trámites pertinentes para que el acueducto privado prestara el servicio.

 

E.N.D.: ¿Cómo certifican que el agua es potable?

M.C.: A finales del año antepasado (2020) teníamos una muy buena comunicación con la administración, ellos solicitaron unos estudios de potabilidad del agua los cuales se hicieron con una empresa externa que contrató la copropiedad y en la administración reposan esos reportes donde se hizo el control de calidad y potabilidad.

 

E.N.D.: Ahora se prevé construir una nueva torre, ¿cómo lo hacen si no tienen disponibilidad hidrosanitaria?

M.C.: La disponibilidad hidrosanitaria sí se tiene porque las redes de alcantarillado ya fueron entregadas al Ibal desde el 2017 y cuando se hizo la solicitud de licencia se pasaron todos los requerimientos que pedía Curaduría, entre ellos el estudio de disponibilidad de agua, sino se tuviese disponibilidad, no hubiésemos podido obtener la licencia para construir.

 

E.N.D.: Los entes de control han advertido anomalías en el conjunto residencial ¿los han requerido?

M.C.: Hasta el momento la Procuraduría no nos ha requerido, nosotros brindamos el servicio a través de un acueducto privado y los costos de mantenimiento y potabilidad se ha hecho cargo la constructora.

 

E.N.D.: ¿Tuvieron problemas para recibir los subsidios del Gobierno nacional pese a que están conectados a un acueducto comunitario?

M.C.:  Desde que garanticemos el servicio de agua no hay inconveniente, las tres torres ya fueron entregadas, están desembolsados los subsidios y el Ministerio de Vivienda no nos colocó ningún problema o requerimiento por este tema.

 

E.N.D.:¿Cuándo van a entregar toda la obra?

M.C.: La demora no ha sido de la constructora, la copropiedad ha colocado un sinfín de impedimentos y trabas para que no podamos entregar, ni terminar la obra. Ellos instauraron una acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que hizo que frenáramos el desarrollo del proyecto y la terminación del mismo, tuvimos que esperar hasta que saliera sentencia judicial y no nos pusieron ningún tipo de requerimiento para seguir construyendo. 

 

E.N.D.: ¿Ustedes dan un parte de tranquilidad a quienes compraron allí?

M.C.: Hemos estado de la mano con la copropiedad, hemos tratado de solucionar lo que ellos nos han solicitado hasta donde hemos alcanzado y nos han permitido trabajar, venimos con el tema del suministro del agua para que la comunidades (estén) más tranquilas y se entiendan con el Ibal. 

 

 

Las voces de los afectados 

 

El proyecto de piscina que se prometió según los copropietarios terminó siendo modificado.
 

En diálogo con varios propietarios de los apartamentos en Altos de Miramar, estos coincidieron en que adquirieron la propiedad con el esfuerzo de años de trabajo y con la enorme ilusión de tener vivienda en un sector de Ibagué privilegiado por su agradable clima a un módico precio al ser un proyecto VIS; sin embargo, todos dicen sentir una enorme desilusión por la situación en la que se han visto envueltos y que después de cuatro años no tiene ninguna solución, ni regulación por parte de las autoridades.

Alegan que en el lugar no conocen la presencia de funcionarios del gobierno local y que aunque los entes de control hacen presencia, no es suficiente la presión que ejercen.

Flor María Vega, una de las propietarias, se ha convertido en la vocera de la comunidad, ha acudido a diferentes instancias y entidades en busca de resultados, aunque ha mostrado fortaleza y ha librado toda una batalla legal para exigir lo que se le prometió, la voz se le quiebra cuando recuerda que también compró en este con la intención de vivir tranquila y lamentablemente, no ha podido. 

"Nosotros hemos reclamado ante la Superintendencia de Industria y Comercio por publicidad engañosa, al señor Alcalde no lo conocemos, tampoco a las Secretarías de Planeación o Dirección de Espacio Público, mucho menos a la de Salud, en plena pandemia estamos tomando un líquido que no sabemos de dónde viene (...) aquí vivimos personas humildes somos estrato Dos, por eso peleamos porque nos han estafado, nos han robado", dijo Vega.

Diana Marcela Borrero es otra de las propietarias, al igual que muchos de los que viven allí compró sobre planos en un proyecto que asegura la enamoró, pero por el que ahora vive en un suplicio. 

"Nosotros compramos sobre planos bajo la propaganda que nos mostraron con carpetas y videos, una ilustración muy bonita de lo que estaban ofreciendo, cualquiera al ver esto se enamora, nos ofrecen tres torres con agua para 100 años, con calle pavimentada desde la vía principal hasta la calle del conjunto, con una recepción de lujo, piscinas para adulto y niños, todo muy bonito hasta que hace cuatro años recibimos nuestro apartamento. Llegamos y la excusa es que estaban en proceso, que en 90 días terminaban, días que se han prolongado hasta la fecha", dijo Borrero.

La denunciante además indicó, "con toda la ilusión compramos y afortunadamente no le debemos nada a la constructora y tampoco al banco. No le debemos nada a nadie, pero sí nos deben todo a nosotros. No tenemos agua para 100 años, no tenemos agua potable, ni la calle que nos ofrecieron, no hay sendero ecológico que ahora está convertido en basurero, no tenemos agua potable, sino un pozo y no podemos consumir de esa agua, porque es un peligro para nosotros. Estamos totalmente engañados por la constructora ByH". 

A su voz se suma la de Carlos Rubio, un docente pensionado que también adquirió el proyecto y ahora se ve en un dilema, esperando porque la constructora cumpla con lo establecido, "yo fui de los últimos que llegue, yo vi un video de Altos de Miramar, todo muy bonito, nos ofrecían agua potable, senderos ecológicos, parqueaderos externos, la entrada era una vitrina con parqueaderos de dos o tres pisos, parqueaderos comunales, una piscina para adultos, un bosque y hasta la calle pavimentada, hice un préstamo a la cooperativa y compré lleno de ilusión y alegría porque quedaba a cinco segundos del centro, después de eso no pude arrepentirme, pero sinceramente casi me pongo a llorar", sostuvo. 

Los propietarios advirtieron que la constructora prometió que se les entregaría una amplia zona verde, pero ya en el lugar  una de las vecinos del conjunto alega que ese terreno es de su propiedad sin que la constructora dé una solución.

En la zona también hay un buen número adultos mayores y personas en condición de discapacidad, quienes deben de ingresar por el parqueadero a sus viviendas, pues no hay un ascensor que comunique el lobby con los apartamentos.

El proyecto también contemplaba una piscina para niños y otra para adultos, ahora lo que hay es una piscina con un tamaño reducido y con el transformador de energía a una distancia nada prudente. 

Por lo mismo, los denunciantes le pidieron a las autoridades revisar el otorgamiento de licencias de construcción, de forma particular en el sur de la ciudad en donde la promesa del agua potable aún no llega.

 

 

Los cambios al proyecto

 

La Contraloría General de la República - Gerencia Tolima advirtió que en caso del proyecto Altos de Miramar, la Curaduría Urbana expidió entre el 2015 y 2019 diez licencias que permitieron modificar a 'diestra y siniestra' el proyecto.

 

1.Resolución 0151 del 6 de marzo de 2015 se concede licencia para el movimiento de tierras.

 

2.Resolución 713 del 20 de noviembre de 2015 se concede licencia de urbanismo y construcción.

 

3.Resolución 0045 del 8 de febrero del 2016 autoriza reubicación de torres Uno y Dos del proyecto; se da licencia para la construcción de la etapa Dos (rampas de parqueaderos, zona comercial, portería y torres)

 

4. La Resolución 530 del 16 de noviembre de 2016 modifica licencia de urbanismo, reduce el área de afectación por la quebrada La Cangreja de 10.368 metros cuadrados a 4.657 lo que amplía el área útil del lote.

 

5.Resolución 0115 del 9 de marzo de 2017 se modifica licencia, aparece torre Cuatro, se amplía área útil del proyecto.

 

6. Resolución 0154 del 31 de marzo del 2017 se modifica nuevamente la licencia de urbanismo, se hacen nuevas redistribuciones y se afectan áreas diferentes a las modificadas.

 

7. Resolución 432 del 26 de julio del 2017 se modifica de nuevo la licencia de urbanismo para cambiar las etapas del proyecto. 

 

8. Resolución 660 del 20 de noviembre del 2017 se aprueba un reloteo.

 

9. Resolución 676 del 28 de noviembre de 2017 se modifica otra vez licencia, se reubica torre Cuatro, se modifica y reubica la piscina, se distribuye el parqueadero y se autoriza la construcción del tanque subterráneo.

 

10. Resolución 221 del 8 de mayo del 2019 se otorga una licencia por ampliación, se autoriza ampliar rampas del edificio de parqueaderos y construcción de la etapa dos.

 

Destacado

La licencia de construcción de este conjunto residencial fue aprobada por el polémico excurador Urbano Número Dos, Greisman Cifuentes, cuestionado por la aprobación exprés de las licencias de construcción de los escenarios de los Juegos Nacionales de 2015 y del proyecto Alminar Samoa en la Ambalá.

 

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