Si las elecciones a la Presidencia y al Congreso de 2010 fueron catalogadas como las más tranquilas de los últimos años, las que se avecinan están amenazadas por múltiples riesgos: la guer­rilla y las bandas criminales (bacrim) están actuando en ciertas zonas, a punta de fusil, o financiando candidatos con dineros del narcotráfico; los parapolíticos se están reencarnando a través de sus parientes o amigos y existe alerta por fraude electoral.

¿Qué ha fallado? ¿Por qué no han servido tantos informes de ONG? ¿A qué se debe la impotencia de las autoridades? Hay varias explicaciones. La falta de candidatos idóneos facilita a los grupos al margen de la ley imponer sus candidatos, según el informe más reciente del International Crisis Group. El estudio asegura que al menos 103 funcionarios y exfuncionarios locales elegidos entre 1997 y 2010 han sido investigados por vínculos con paramilitares. Entre ellos hay 20 gobernadores, de los cuales siete ya han sido condenados. Otro informe, del Observatorio de Democracia, reveló que entre los alcaldes, gobernadores, diputados y concejales de 2007, 450 fueron sancionados por delitos tan graves como tráfico, fabricación o porte de armas o estupefacientes, hurto calificado y concierto para delinquir, entre otros.

El objetivo de los grupos ilegales es apoderarse, en mayor o menor medida, de las instituciones locales. El del Estado, impedir que lo logren. Por eso, a partir de este año, la nueva reforma política sanciona con la pérdida de la personería jurídica a los partidos que avalen a candidatos que tengan vínculos con grupos irregulares y prohíbe donaciones anónimas y de empresas del chance a las campañas. La Uiaf (Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero) investiga el lavado de dinero a través de las cuentas bancarias de los candidatos. El Ministerio del Interior contrató a la Fundación Nuevo Arco Iris para analizar cómo podrían influir los actores ilegales en candidatos de 75 municipios de alto riesgo y habilitó una ventanilla para que los partidos cotejen sus listas de aspirantes con información de la Fiscalía, la Procuraduría, el DAS -que encontró a más de 400 aspirantes con antecedentes- y la Contraloría, que descubrió que 14 candidatos son responsables fiscales de más de mil mil­lones de pesos.

Pero todos estos esfuerzos siguen siendo insuficientes. El 10 de agosto se venció el plazo para inscribir candidatos y hasta el jueves 18 de agosto los partidos podían depurar las listas de inscritos. Se habló de un pacto entre partidos para no avalar a candidatos que hubieran sido rechazados por otros, pero no todos fueron incluidos en el acuerdo. Por tal motivo, aspirantes como Roberto Jiménez, hermano del paramilitar alias Macaco y quien está en la Lista Clinton, terminó avalado por el partido Afrovides luego de que el Partido Verde lo rechazó y después de que ninguna aseguradora quiso darle la póliza para presentarse por firmas. Otros han buscado avales de partidos pequeños como Afrovides, Aico, ASI, PIN y MIO, con estructuras más débiles y por eso más vulnerables.

En los partidos más grandes, las pujas internas para definir avales han sido difíciles, sobre todo para Cambio Radical, La U y el Partido Conservador, en los que sus directores son también congresistas. Ellos se enfrentaron a los parlamentarios de su propia bancada, que, a su vez, son los dueños del poder en las regiones y no están dispuestos a perderlo porque un informe de una ONG o de las autoridades los relacione con sectores ilegales. Según León Valencia, director de Nuevo Arco Iris, el 90 por ciento de los candidatos que figuraban en el informe no fue sacado de las listas por los partidos.

Aunque los avales son la primera tranca para evitar que los grupos irregulares intervengan en política, estos tienen otras formas de incidir. Tres informes distintos -el de la Defensoría del Pueblo, el de la Misión de Observación Electoral, MOE, y el del Centro Integrado de Inteligencia Electoral, CIE, del Ministerio de Defensa- señalan que las FARC y el ELN están presionando violentamente a candidatos y ciudadanos. Los tres informes coinciden en la mayoría de las zonas de alto riesgo: Arauca, Norte de Santander, La Guajira y Cesar (frontera con Venezuela), Nariño y Putumayo (frontera con Ecuador), departamentos de la costa como Córdoba y Sucre y del centro como Huila, Tolima, la región del Ariari y La Macarena, en el Meta y Caquetá, y la región del Magdalena Medio. También coinciden en que el Valle es de altísimo riesgo.
Los informes, sin embargo, difieren en varios puntos. Mientras la MOE afirma que Antioquia es el departamento con mayor número de hechos violentos contra candidatos (27), el Ministerio no lo incluye entre los de mayor riesgo. La otra gran diferencia es sobre las zonas de influencia de grupos. La MOE concluye que la guerrilla tiene más incidencia en municipios pobres, rurales y pequeños, mientras que las bacrim actúan en centros más urbanos. Según el Ministerio, las bacrim están únicamente detrás de acciones violentas contra aspirantes en el Urabá. Pero la Defensoría dice que están por todas partes, tanto en municipios rurales como urbanos.

Su informe señala que en Nariño y Valle (donde hay 32 candidatos amenazados) ‘Los Rastrojos’ están imponiendo o negando de forma abierta el apoyo a determinados aspirantes. También han enviado panfletos intimidantes a candidatos del Carmen de Bolívar. ‘Los Paisas’ y ‘Los Urabeños’ amenazan en algunos municipios de La Guajira, Cesar, Magdalena y Sucre, y unos grupos que se identifican como Águilas Negras se han reunido con líderes sociales para impedir que ellos decidan libremente a quién apoyar. Estos mismos han chantajeado a varios aspirantes del Polo Democrático en Barranquilla y al candidato del partido Aico a la Gobernación del Atlántico, Alfredo Palencia. Otro grupo, identificado como Bloque Vencedores de Arauca II, tiene amenazados a 13 candidatos en Arauquita, por supuestos vínculos con la guerrilla.

Las FARC y el ELN, que según el Ministerio son los responsables de la mayoría de acciones violentas contra candidatos, no se han quedado atrás, amenazando sobre todo a los de la Unidad Nacional. Según la Defensoría, en el Huila las FARC han declarado objetivo militar a candidatos de Algeciras, Gigante, La Argentina, Campoalegre y Tello. Han pintado sus casas con grafitis, los amenazan con mensajes de texto vía celular y a través de panfletos. En Antioquia, la guerrilla está detrás de al menos dos de los asesinatos de candidatos y los atentados a otros cuatro. Y en departamentos como Guainía y Vaupés, las FARC anunciaron que no permitirán elecciones libres en las zonas de su injerencia.

En 241 de los municipios de alto riesgo por violencia también existe alerta roja por posible fraude, de acuerdo con el informe de la MOE. El Consejo Nacional Electoral recibió más de mil 657 denuncias por presunta trashumancia electoral en 785 municipios, que todavía está investigando. Según la Defensoría, en Puerto Libertador, Córdoba, el veedor recibió amenazas de muerte tras denunciar el trasteo de votantes.

A 70 días de las elecciones, el cuadro es riesgoso. Los actores ilegales buscarán conservar su influencia en las instituciones locales. Y lo único que los puede detener son los ­votantes, cuando acudan a las urnas y elijan a gobernantes que no les hagan el juego.