Con la voz entrecortada, José Álvaro Torres manifiesta su sentimiento de impotencia y asegura que el asesinato de sus tres hijos, del que se acusa a un teniente del Ejército, va a quedar en la impunidad, por las ma­niobras dilatorias y las presiones que se está ejerciendo en el caso.

Habla en algún punto escondido de Bogotá, la ciudad que lo acogió desde el pasado marzo, cuando emprendió un exilio forzado, por amenazas que recibió “posiblemente de agentes del Estado”. Insiste en que cada día está más seguro de la responsabilidad de los militares en la violación de su hija de 14 años y el posterior asesinato de ella misma y de sus dos hermanitos, de nueve y seis años, ocurridos en zona rural del municipio de Tame, Arauca, el 14 de octubre de 2010.

De nada sirvieron las disculpas públicas que encabezaron los altos mandos de las fuerzas militares, quienes le aseguraron que este crimen se resolvería lo más pronto posible.

“Todo eso se quedó en el olvido, y ahora ya todo el mundo no recuerda que pasó, ni le interesa, ni quieren resolverlo, por qué para qué”, expresó. Por eso, el campesino desconfía de que el teniente del Ejército, Raúl Muñoz Linares, el principal acusado por los asesinatos, pague ante la justicia.

En cambio, dice que esas promesas, hechas por el propio comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely, se las llevó el viento. Para él, no ha existido ni justicia, ni verdad, que fueron las que se le prometieron en un acto público registrado por todos los medios nacionales.

En cambio, en estos meses ha debido abandonar su tierra y las pocas pertenencias que tenía, junto con sus hijos mayores. No es un drama nuevo. Antes había sufrido hostigamientos por parte de la guerrilla, que aún hoy concentra poder en el departamento de Arauca.

Para él, las palabras “vergonzoso e indignante” que mencionó el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, cuando se conoció el caso, se han convertido en la radiografía exacta de “lo que en verdad ha ocurrido en el proceso. Nuestro suplicio en estos 10 meses es una vergüenza y una indignación, quedamos en el olvido”.
 

La dilación del proceso

Desde hace más de tres meses el proceso está quieto por las constantes apelaciones de la defensa del teniente acerca de las pruebas que iban a ser utilizadas durante el juicio. Por ello, el caso pasó a revisión del Tribunal Superior de Bogotá, que el pasado 28 de julio consideró que las solicitudes de las defensa carecían de sentido y fijó la reanudación del juicio para el próximo jueves, 18 de agosto.

El calificativo de dilatorio ya es usado tanto por los  medios como por propias autoridades judiciales, puesto que en todos estos meses han sido múltiples los recursos que han utilizado los siete abogados que se han sucedido en la defensa del militar. Observadores creen, incluso, que tantos cambios son una estrategia para buscar la libertad del teniente por vencimiento de términos.

Sin embargo, esta posibilidad se ve muy lejana. Una fuente cercana al proceso explicó que las maniobras dilatorias que ha utilizado la defensa de Muñoz impiden que “cualquier juez basándose en la ley le otorgue la libertad, pues pese a que el escrito de acusación se radicó el 2 de diciembre pasado, y obviamente ya han pasado más de los 90 días que exige la ley, todos los aplazamientos han sido causados por el propio militar”.
 

Los falsos testigos

El punto de quiebre del proceso se registró en la mañana del 22 de marzo, cuando cinco tiros segaron la vida de la juez Gloria Constanza Gaona, quien llevaba en su despacho el juicio por el múltiple crimen.

El miedo inmediatamente se apoderó de los pocos testigos que tenía el proceso, quienes prefirieron cal­lar ante la alta posibilidad de correr la misma suerte de la funcionaria judicial. “Fue un golpe muy duro, del cual todavía no nos hemos recuperado. Habíamos solicitado toda la protección para la juez y fuimos ignorados”, manifestó otra fuente cercana, quien también solicitó reserva de su nombre.

Una vez más los golpes de pecho aparecieron por parte del Gobierno y de las autoridades, que lamentaron el asesinato y juraron esclarecer el homicidio. “Una vez más nos prometieron el cielo y la tierra. Sin embargo, esa investigación también sigue en el limbo, ya ni sabemos qué pasó ni en qué va”.

El proceso tuvo que ser trasladado a Bogotá y medidas de protección impuestas para Álvaro Torres. Él y sus familiares debieron ser aislados y se les prohibió salir a la calle, tener contacto con la prensa y, por supuesto, con cualquier persona medianamente conocida, que no fuera su abogada.

En medio de ese encierro se enteraron de que el teniente Muñoz había aceptado haber tenido relaciones sexuales con la pequeña Jenny, de 14 años, al igual que con otra niña menor de edad del mismo municipio, pero que había negado el delito de violación que le imputó la Fiscalía.

“No hay derecho a que una persona sea tan descarada y diga ese tipo de cosas como si nada. Todas las pruebas apuntan a que él abusó de mi hija, entonces ¿cómo puede decir eso?”, señala don Álvaro, cansado de los traspiés de la justicia y del hecho de que “fuerzas oscuras” estén moviendo cielo y tierra para que no sea producida una condena.  

Un indicio de ello es el hecho de que hace pocos días una de las principales testigos del asesinato de la juez se retractó de sus declaraciones, que vinculaban a guerrilleros del ELN con el homicidio. Según sus palabras, un mayor y un teniente de la Policía le ofrecieron beneficios y dinero para que mintiera en su declaración.

Álvaro Torres dice conocer que uno de los testigos que será solicitado el próximo 18 de agosto piensa vincular a los tres pequeños con la guerrilla de las FARC, “algo que no le cabe en la cabeza a nadie. Y, ¿si así fuera?, eso les daba el derecho de asesinarlos con machete y meterlos a una fosa común”.

Cansado y desilusionado dice, con la voz ronca de tanto llorar, que el asesinato de los pequeños Jimmy, Ferney de nueve años, y Jéfferson Jhoan, de seis, así como el de su hermana mayor, Jenny Narvey Torres Jaimes, de 14 “quedará en la más absoluta impunidad”.