Era fácil vincular el conflicto del Cauca entre indígenas y Fuerza Pública con una orden de la Corte Constitucional para que las Fuerzas Armadas devolvieran seis hectáreas de territorio del pueblo indígena Jiw en el Guaviare en las que, sin autoridad para hacerlo, se construyeron algunas instalaciones de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina.

Era fácil reducir las problemáticas indígenas y aseverar que se afectaba la seguridad nacional, cuando se trata de dos escenarios y dos realidades absolutamente diferentes. Pero la noticia es otra. Las comunidades indígenas Jiw y Nukak, último pueblo de tradición nómada en Colombia, que habitan en el Meta y en el Guaviare, están a punto de desaparecer.
Las palabras de la Corte Constitucional son contundentes: se trata de la inminencia de la extinción física y cultural de dos comunidades por culpa de la atrocidad del conflicto armado y de la indiferencia y completa desatención del Estado.
Para que la Corte llegara a semejante afirmación, analizó múltiples informes realizados principalmente por instituciones y organizaciones dedicados a los Derechos Humanos, que revelan un escenario de desplazamiento y reclutamiento forzado, inasistencia alimentaria y de servicios de salud, falta de educación, violación al territorio, afectación a los derechos fundamentales que, entre otros factores, han provocado una pérdida del patrimonio cultural.

En palabras de la Corte, a los indígenas “se les imponen medidas de control territorial y poblacional, control de corredores de movilidad, se les obliga a prestar su fuerza de trabajo en cultivos de uso ilícito, se les prohíbe la realización de actividades tradicionales; se los recluta forzosamente, amenaza y asesina, por parte de los actores del conflicto, los colonos y la sociedad en general, sometiéndolos a otra de las expresiones de la crisis humanitaria producto de la confrontación armada: el confinamiento”.

Todo lo anterior, explica la Corte, “tiene efectos negativos de mayor impacto en la población indígena, pues con estas acciones se afectan gravemente sus pautas culturales tradicionales, sus relaciones socioeconómicas y con su entorno, lo cual pone en peligro la existencia misma de éstas”.

Pueblo Jiw o Guayabero
La comunidad Jiw o Guayabero cuenta con cinco resguardos en jurisdicción de San José del Guaviare, uno en Puerto Concordia y otro en el Mapiripán, Meta. Además, hay otros nueve asentamientos de familias desplazadas. El más pequeño, 23 personas, está en el sector Libertad de Barrancón, Guaviare; y el más grande, 212 personas, está en Puerto Alvira, Meta. En total, 2.058 personas.

Se estima que el 60% del pueblo se ha desplazado. Hay registro de seis indígenas Jiw asesinados, de cinco víctimas de desaparición forzada y de tres más que cayeron muertos por municiones sin explotar, halladas en el resguardo Barrancón, colindante con la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina.

“La disputa territorial entre grupos paramilitares, guerrilla y fuerza pública, fijó límites para la movilidad de las comunidades y el hecho de transitar de un lugar a otro se convirtió en motivo de señalamientos y amenazas al ser acusados de informantes de uno u otro grupo armado”, aseveran los reportes entregados a la Corte.

Así, en medio del conflicto, se agravan las deficiencias de las necesidades básicas por falta, por ejemplo, de medios de transporte para casos de emergencia, ausencia de medicamentos y de una red prestadora de servicios en las áreas rurales. Según la Corte, para los médicos tradicionales el desplazamiento forzado implica una dificultad para acceder a plantas nativas de sus territorios ancestrales.

Por el lado de la educación, se estableció que la mayoría de los docentes que hay se desplazaron y que los que dictan clase lo hacen en una precaria infraestructura: aulas improvisadas o en las casas.

Sobre la alimentación, hay que decir que el conflicto dificulta las actividades normales de pesca, caza y recolección, que hay pocos suelos par cultivar y que existen minas antipersonales.

“En el resguardo de Barrancón, Guaviare, cuyo territorio se encuentra invadido por una Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, se han presentado incidentes como consecuencia del abandono de municiones sin explotar por parte de la Fuerza Pública. Y en ese sentido se relacionan 16 víctimas, tanto de minas antipersonales, como de municiones sin explotar”, advierte la Corte.

Los últimos nómadas:
Los Nukak
Su forma de vida, dice la Corte, “requiere de un territorio amplio que permita tener acceso a los recursos necesarios para la producción y reproducción de su vida material y espiritual”.

No obstante, los integrantes de esta etnia, que no cuenta con un manejo comprensible del español, han tenido que desplazarse por el aumento en los últimos 25 años de los cultivos de coca y la consecuente presencia militar y de grupos armados. La Corte registró así el registro de desplazamientos.

El primer caso se produjo en el 2002 por enfrentamientos entre las Farc y las AUC, pero luego, para enero de 2003, esas familias retornaron a San José del Guaviare.

“Un tercer desplazamiento sobrevino en abril de 2005, cuando dos familias (14 personas) del grupo Nukak wayari muno, “gente del río Guaviare”, arribaron a San José del Guaviare desplazadas por múltiples razones de Caño Hormiga (un afluente del río Guaviare)”, afirma la Corte.

Las condiciones actuales de los Nukak implican problemas de peso, desequilibrios nutricionales, enefermedades gastrointestinales por la reducción de la flora y fauna que producen los químicos utilizados en algunos cultivos. A esto se suma el dengue y la dermatitis y la falta de un servicio de salud adecuado o de una instrucción a sus integrantes en aspectos como la dieta, los usos o costumbres y la baja escolaridad.

“La situación legal del territorio Nukak merece inmediata atención, ya que sus límites son transgredidos constantemente y esto facilita que los colonos invasores siembren cultivos ilícitos al interior del mismo. Además, se hace necesaria la recuperación y protección del territorio ancestral, donde hay variedad de recursos animales y vegetales que les permitan asegurar su pervivencia física y también cultural.”, señala la Corte.

Una petición
Los Jiw están cansados de la violencia y así lo hicieron saber luego de que, en enero pasado, Juan Bautista Ladino, que vivía en un asentamiento temporal de población desplazada, falleciera a causa de un artefacto explosivo.

“Nos sentimos acorralados por el conflicto armado, que pareciera empecinarse en perseguirnos, aun cuando nos desplazamos huyendo de él, toda vez que los grupos armados nos ponen como escudo de sus acciones. Siguen minando nuestros territorios y prohibiéndonos actividades básicas para adquirir nuestro sustento diario y poder sobrevivir”, señala la comunidad Jiw.

Por eso, reclaman al Estado acompañamiento y la adopción de medidas necesarias para la protección de sus territorios y la garantía de su seguridad en los diversos asentamientos. Hacen un llamado por su vida.

“Exigimos que se respete nuestro derecho a la vida, no más siembra de minas antipersonal dentro de los territorios que ocupamos, no más persecución a los indígenas y no más afectaciones por artefactos de guerra contra los civiles, no más ocupaciones de nuestros territorios indígenas abandonados”.