El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, anunció que en lo que va de 2015 se han iniciado 22 investigaciones (de un número más alto de denuncias) sólo por un delito: fraude en el proceso de inscripción de cédulas.
“Está claro, según los registros, que desde este momento se están intentado cometer delitos para alterar los resultados electorales, por ello el plan de la Fiscalía va encaminado a adelantar investigaciones antes, durante y después”.
Según el informe del ente investigador las denuncias han llegado a las seccionales de: Meta y Santander (con ocho denuncias en cada caso); Valle del Cauca (siete); Bogotá (seis); Antioquia, Atlántico y Córdoba (cinco); Cundinamarca (cuatro); Bolívar, Boyacá, Cauca y Tolima (dos), y Cesar, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío y Risaralda (con una respectivamente).
Por estos hechos la Fiscalía ya abrió investigación en contra de candidatos y asesores, por presunta participación en irregularidades y comisión de delitos electorales, entre las que se encuentran: fraude en inscripción de cédula (22 casos); ocultamiento o retención de cédulas (13 casos); corrupción al sufragrante (nueve); delitos electorales sin tipificar (nueve); voto fraudulento (nueve); fraude al sufragrante (tres); intervención en política (dos casos) y otros.
Perdomo recordó que las investigaciones a procesos electorales son complejas, pero producen sanciones.
“De los comicios anteriores recibimos 919 denuncias por delitos electorales, de las que ya tenemos 13 sentencias condenatorias y cuatro compulsas de copias contra congresistas electos”, dijo (ver recuadro).
Advertencias para 2015
“En un certamen electoral lo que está en juego es la democracia. Es necesario unirnos para que la sociedad se sensibilice; no podemos permitir que se compre la decisión de una persona con 50 mil pesos o 100 mil pesos, una teja o un bulto de cemento. Eso hace daño a la democracia”, dijo el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.
Y agregó que existe una amenaza latente de los grupos armados, “no nos pueden sorprender en Colombia organizaciones delincuenciales, como grupos armados ilegales o bacrim, para que pueden influir con delitos electorales en las campañas por las diferentes regiones del país. También hemos detectado relación entre la minería ilegal y la clase política en el marco de estos comicios”.
De hecho, en un informe pasado la MOE (Misión de Observación Electoral) identificó formas en las que podrían intervenir grupos ilegales en las elecciones.
La primera podría ser un apoyo directo a los candidatos en sitios en que públicamente los grupos ilegales hablan de sus preferencias electorales.
La segunda es un apoyo indirecto, que no necesariamente consiste en aporte material o de recursos al candidato, sino que por preferencias ideológicas, el grupo ilegal prefiere que llegue un aspirante determinado, porque creen que con ese pueden negociar mejor las prebendas que creen genera el cargo.
Eso no significa necesariamente que el candidato sea amigo de los grupos ilegales, incluso puede ser que no conozca que está recibiendo ese patrocinio, advierten los estudios de la MOE.
El tercero es el método de violencia, que es limitar la competencia política para generar monopolios electorales.
Los caídos por las elecciones pasadas
Fiscales de las diferentes seccionales del país solicitaron audiencia de imputación de cargos por delitos relacionados con fraude al sufragante, corrupción de sufragante, violación de datos personales y alteración de resultados, por irregularidades presentadas en siete casos durante las elecciones parlamentarias de marzo de 2014.
En uno de ellos un fiscal seccional de Montería (Córdoba) solicitó audiencia de imputación de cargos en contra de Jorge Francisco García, candidato al Senado de la República, por el cargo de fraude al sufragante, debido a engaños en el ofrecimiento de accesos a programas de vivienda gratis. A su turno un fiscal seccional de Quibdó (Chocó) solicitó audiencia de imputación de cargos en contra de Nimia Iris González, concejal de Nuquí, por el cargo de corrupción del sufragante.
En Bogotá se anunció imputación a Luz Marina Vargas, por el cargo de corrupción al sufragante, por ofrecer equipos escolares a cambio de votar por un candidato en particular; al igual que contra Javier Urrea Cuéllar, candidato a la Cámara de Representantes, por el cargo de violación de datos personales, al parecer realizado en el consulado de Colombia en Madrid (España).
El plan electoral de la Fiscalía
Precisamente para combatir estas amenazas, reveló el vicefiscal Perdomo que “tenemos ya destinados 150 funcionarios en todas las regiones del país que están siendo capacitados sobre delitos electorales, pero también sobre aquellos que pueden ser conexos, como el concierto para delinquir, el lavado de activos y delitos contra la administración pública. Nos hemos dado cuenta de que es necesario que estos delitos sean investigados de la mano con los otros delitos que se pueden cometer. También estamos haciendo un análisis sobre los posibles riesgos electorales que pueden darse en diferentes regiones”.
A esto se sumará una estrategia que busca la protección a los mecanismos de participación democrática. “Se busca complementar la oferta institucional con la intervención de fiscales e investigadores especializados, que cuentan con el apoyo de un grupo de analistas que permitirá implementar la metodología de investigación en contexto y priorización en la judicialización de este tipo de delitos, mejorando la comprensión del marco político electoral desde estos delitos, como: sus causas, autores e intervinientes”, señaló el vicefiscal Perdomo.
Para el día de las elecciones (25 de octubre) se prevé que todo el cuerpo del CTI salga a campo; es decir, cerca de nueve mil funcionarios.
“La Fiscalía impulsa una capacitación para funcionarios de la Policía nacional que el día electoral, dado el número de funcionarios que despliegan en campo, son quienes la mayoría de las veces se encargan de los actos urgentes y atienden casos con funcionarios que no son Policía Judicial, motivo por el que desconocen los procedimientos para una adecuada judicialización”, finalizó el Vicefiscal.
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