El confeso criminal Orlando Arciniegas, dio nuevas luces frente a la investigación por el pago de coimas producto del contrato 237 en la elaboración de estudios y diseños de los escenarios de los XX Juegos Nacionales adjudicado a Typsa.

Arciniegas, quien busca un principio de oportunidad con la Fiscalía por otros casos de corrupción, vinculó recientemente al ingeniero civil, Manuel Guillermo Ovalle Angarita en la formulación de los prepliegos del contrato 337 que alcanzó los 11 mil 500 millones de pesos.

Arciniegas dijo que fue Ovalle quien le presentó a Wílmer Manchola Cano, quien asumió la tarea de contactar al hoy exgerente de Typsa, Luis Rodrigo Uribe Arbeláez, para realizar los diseños de los escenarios y pedir el pago de dádivas que superaron los mil millones de pesos.

Como lo publicó El Espectador, en una visita a Ibagué a mediados del 2013, Manchola junto con Jorge Orlando Navarrete, exjefe de licitaciones de Typsa, y Carlos Alberto Ramírez, empleado de la misma empresa, acordaron formular un concepto del por qué el Imdri debería contratar con la filial española.

“En esa visita se reunieron y pactaron que Typsa debía ayudarlos a realizar un documento previo en el que se sustentara la convocatoria al proceso licitatorio. Es decir, que el mismo Typsa hiciera un estudio en el que explicara por qué debían contratarlos. Arciniegas añadió que Typsa accedió a hacer esa “vuelta” a cambio de $25 millones que terminó pagando Manuel Ovalle”, dijo Arciniegas.

A la sombra

Pero la relación entre Ovalle y Arciniegas sería de vieja data. El polémico abogado defendió los intereses de Ovalle en algunos procesos de licitación durante la Administración de Jesús María Botero, a quien hacía oposición antes del contrato 060 de la fase Uno del Acueducto Complementario.

Arciniegas veló por los intereses del Consorcio Vías 2011 en la licitación adjudicada por el Municipio por mil 300 millones de pesos.

Posteriormente, entre 2012 y 2013, ambos se vincularon a la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (Edat) como contratistas.

Arciniegas logró adjudicarse contratos de menor cuantía a través de sus empresas Asesoría y Consultoría Legal S.A.S (Aslegal) y Asesoría Integrales (Acic S.A.S) ambas a nombres de terceros.

Entre tanto, Ovalle logró millonarios contratos de obra en acueductos en municipios como Villahermosa, San Antonio y Líbano.

Para el 2013, se adjudicó dos contratos por dos mil 500 millones de pesos. Uno de ellos fue el 033 del 20 de febrero del 2013, por un valor de dos mil 249 millones 890 mil 903 pesos, cuyo objeto era la optimización de las redes de distribución fase II del casco urbano del municipio del Líbano.

El contrato fue adjudicado por Francisco Montoya, en medio de denuncias por falta de transparencia y favoritismo.

La Fiscalía General confirmó que algunos de los involucrados por el desfalco a los Juegos Nacionales, se encontraban vinculados a casos sonados de corrupción en procesos contractuales como el acueducto Alterno de Ibagué y proyectos de inversión en acueductos en municipios como Honda y Líbano.

El testaferro de Arciniegas, Amaury Blanquicet Pretelt, confirmó a la Fiscalía los negocios ilícitos de Arciniegas con la empresa de acueducto de Honda del cual debía percibir del 12 por ciento de lo facturado.

El favor de Luis H.

Antes de abandonar la Alcaldía, el exalcalde Luis H. Rodríguez adjudicó a Manuel Ovalle Angarita y su socio Carlos Arturo Arango Salazar un contrato cuyo objeto era desarrollar el programa de mejoramiento integral para el barrio Las Delicias, en la comuna Seis.

El contrato que ascendía a los $5 mil millones se frustró porque la Administración no acató las sugerencias del Ministerio de Vivienda para adjudicar el proceso.

Entre las recomendaciones dadas, se sugirió como plazo de ejecución de las obras ocho meses. Sin embargo, la Alcaldía publicó en agosto la licitación pretendiendo la culminación de las mismas en tres meses.

Así mismo, al revisar el proyecto, el Ministerio dejó evidencia de 108 inconsistencias en el plan de trabajo.

Pese a los llamados de advertencia, la Alcaldía procedió a adjudicar el contrato sin efectuar el trámite para prorrogar el convenio que comprometía recursos de índole nacional por tres mil 200 millones de pesos.

Así mismo se adjudicó la interventoría para la obra por un costo de $311 millones al Consocio Ibagué Urbano.

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo dejó claro que el Municipio no tenía los recursos para apalancar el proyecto.

Ambos contratos se encuentran suspendidos.

Dato

El Nuevo Día se comunicó a las oficinas del ingeniero Manuel Ovalle para conocer su versión, sin lograr entablar diálogo.