Con la resolución expedida por el Ministerio de Justicia para regular la implementación de dicha práctica, y la modificación del plan ambiental, por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), los mayores escollos para retomar las fumigaciones, una promesa que había hecho el Gobierno Duque desde sus inicios, parecen ya superados los problemas.

Sin embargo, desde 2015, cuando se suspendieron las fumigaciones hasta hoy, se firmó el acuerdo de paz con las Farc, que se ha venido implementando y ha producido avances en materia de sustitución voluntaria, que el mismo Gobierno Duque reconoce.

De acuerdo con la Consejería para la Estabilización, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), creado por el Acuerdo de Paz para erradicar de manera concertada con las comunidades los cultivos ilícitos ya ha llegado casi a 100 mil familias (99.097 para ser exactos) y ha permitido la erradicación de 44.185 hectáreas de cultivos ilícitos desde que se creó el programa en 2017.

Si bien la cifra no tiene comparación con las 26 mil hectáreas que espera sean erradicadas el ministro de Defensa, Diego Molano, en lo que queda del año, hay un indicador en el que la sustitución voluntaria supera de lejos a las fumigaciones.

Según las cifras de la misma Consejería, solo el 0,8% de las hectáreas erradicadas de esta manera tienen resiembra, mientras que se calcula que la resiembra en casos de fumigación, puede superar el 50%.

El Pnis incluye también la implementación de proyectos productivos (la Consejería registra ya 8.838) en los que han sido claves alianzas con las federaciones de cafeteros y cacaoteros, entre otras organizaciones.

¿Por qué no intensificar esta política, en vez de regresar a las fumigaciones, sobre las que existen preocupaciones de diferentes sectores sobre los daños que pueda provocar al medio ambiente y la salud de las personas que viven en las zonas.

¿Cuál estrategia es más efectiva?

Lo que ha dicho el ministro de Defensa es que este instrumento busca atacar los cultivos ilícitos en las zonas que están protegidas por los grupos armados ilegales y donde no se puede hacer erradicación manual porque estos “grupos colocan minas, francotiradores y hacen asonadas”. Es decir, el Gobierno quiere tener todas las alternativas en sus manos.

El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, insiste, sin embargo, en que se trata de un camino equivocado, pues el glifosato ya lleva 30 años usándose en el país sin resultados efectivos, “haciendo daño a la salud y a la vida y además que es más costoso que la sustitución de cultivos ilícitos”.

“En Nariño, después de 18 años  de ser el departamento con más cultivos ilícitos, en mi gobiernos logramos que dejara de ser, ahora es Norte de Santander, eso en parte se debe a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Además logramos que 63 mil familias estén de acuerdo con la sustitución y el gobierno solo le cumplió a 17 mil”, añade.

El catedrático de la Universidad Javeriana  Gabriel Tobón, señala que la insistencia del Gobierno en las fumigaciones se debe a la presión que existe por parte del gobierno de Estados Unidos para retomarlas.

Agrega que el problema que ha tenido el Pnis es que se le ha incumplido a las comunidades, lo que generó resiembras de cultivos ilícitos.

Si no ha tenido más resultados, anota, se debe a que el programa está desfinanciado y no se incluyó en él la construcción de carreteras, centros de salud, agua potable y alcantarillado que garantice que los nuevos cultivos tuvieran mejores oportunidades de comercialización.

Sin desarrollo alternativo

Pero para el profesor de la Universidad de los Andes y exsecretario de seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, el dilema no es entre aspersión o sustitución voluntaria porque ambos se quedan cortos.

Según dice, en la práctica son pocos los programas de desarrollo alternativo que han funcionado y eso no depende de si hay o no aspersión.

“Nosotros llevamos cinco, o seis años sin estas medidas y los programas de desarrollo alternativo siguen sin funcionar y siguen sin consolidar un programa congruente de sustitución masiva de cultivos ilícitos”, explica.

Por eso, Mejía, cree que la solución no es atacar los eslabones más débiles de la cadena de producción, que es en donde se ha puesto el énfasis de la política antidrogas, sino en donde se produce el mayor valor agregado, como los cristalizaderos, los laboratorios, los envíos, la acumulación de activos, etc.

“Si el gobierno realmente quiere atacar el narcotráfico tiene que hacerlo donde les duele, no donde les hace ni cosquillas”, concluye.