Es una estrategia que Tapia ya había usado en el pasado para salir bien librado de sus acciones delictivas, así que no era sorpresa que lo hiciera de nuevo en este caso. Tapia, quien según indicó la Fiscalía, manejaba las empresas que conforman Centros Poblados “desde la sombra”, dando órdenes a terceros de su entera confianza, le dijo al ente investigador que estaba dispuesto en contar qué políticos estaban implicados en el escándalo.

Pues bien, poco tardó en conocerse la noticia, cuando empezaron a sonar los primeros nombres de los políticos que posiblemente habrían tratado de inferir en la exministra Karen Abudinen, para que no cediera el contrato.

Con los nombres en los titulares de la prensa, la Corte Suprema de Justicia confirmó que se abrió una investigación preliminar contra cuatro senadores por su presunta relación con el escándalo.

Los investigados son Armando Bennedetti , Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical), Daira de Jesús Galvis Méndez (Cambio Radical) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal).

La razón por la que se abrió la investigación en contra de los congresistas, fue la denuncia presentada por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia Red Ver.

Además, se conoció que el ahora exembajador ante Estados Unidos, Francisco Santos, también llamó a Abudinen para hablarle sobre este caso. Santos reconoció que se comunicó con Abudinen para interceder por la firma norteamericana Hughes, para que le entregaran el contrato que tenía Centros Poblados.

Según Santos, la comunicación con la exministra no fue clandestina y hacía parte de sus funciones como embajador, ya que, según él, los embajadores deben garantizar que a las empresas americanas no las saquen de las competencias para la licitación y se debe permitir que compitan.

Además, Santos explicó que conoce a Hughes desde 1996 y planteó que se trata de un “jugador grande” del negocio de las telecomunicaciones, por lo que aseguró que les informó sobre la licitación, pero su propuesta no prosperó y fue superada por la de Centros Poblados, firma que se quedó con el contrato.

El delito y la sanción

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, en conversación con Colprensa, aseguró que, para configurarse el delito de tráfico de influencias, “tiene que haber un uso de la posición de privilegio del funcionario, que está buscando un beneficio propio o para un tercero. La llamada tiene que tener una intención y un dolo… Si la intención era beneficiar a una empresa en particular, yo sí creo que puede haber un delito”.

Enciso coincidió en que no se requiere la consumación del delito para que haya una sanción, es decir, que si existieron las llamadas para persuadir a la exministra, así ella no haya accedido a las pretensiones, si se configura el ilícito.

Pero la investigación puede ir mucho más allá de los congresistas cuyos nombres ya se conocieron. Enciso aseguró que el Instituto Anticorrupción adelanta una investigación en la que identificaron que hubo al menos 30 congresistas que entraron a la sede principal del Mintic, que es el famoso edificio Manuel Murillo Toro, durante el último año y medio.

“Encontramos fácilmente unas 200 visitas, de por lo menos 30 congresistas. Estamos determinando e investigando a qué fueron, eso es parte de la investigación”, dijo Enciso.

Aunque no reveló los nombres de los congresistas que hicieron esas visitas, Enciso aseguró que entre ellos no está ninguno de los congresistas que aparecen mencionados en este capítulo del tráfico de influencias, es decir, Benedetti, Amín, Zabaraín y Galvis Méndez.

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