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La polémica sigue tras caída de árbol en el parque Centenario que cobró una vida

Crédito: Hélmer Parra / El Nuevo Día. Así quedó la calle Diez luego de la tala de cuatro Samanes.
Las autoridades aún no han hecho claridad sobre los responsables del desplome del árbol sobre un ciudadano. Esta redacción conoció quién es el contratista y las pólizas que están vigentes.
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El pasado miércoles 27 de abril en horas de la tarde, un hombre de 28 años perdió la vida en un centro hospitalario luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre él, cuando estaba junto a su compañera sentimental, en estado de gestación, y su hijo de siete años recorriendo una de las vías internas del parque Centenario. 

El árbol se desplomó desde el terraplén de la calle 10, luego de que el mismo fuera intervenido por varios operarios en un proceso de liberación de fustes. Luego de la tragedia se optó por hacer la tala preventiva de otras cuatro especies de Samán que, según dijo la Alcaldía, tras una evaluación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, evidenciaban pudrición en sus bases.

Para esta oportunidad se cerró el corredor de la calle 10 y se efectuaron las labores de corte de la mano del Gobierno local.

“Es de precisar que necesariamente se debía realizar esta acción y trabajar en la conservación arbórea de este sector; para nosotros no es agradable tener que tumbar un árbol por la importancia ambiental y ecológica que tienen las especies, pero debíamos acatar este acto administrativo”, dijo el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, César Gutiérrez, quien destacó que una vez recibió el concepto de la CAR procedió a realizar las medidas de prevención respectivas. 

Sin embargo, en medio del trámite llama la atención que estas acciones preventivas no se hayan desarrollado de forma previa por quien adelantaba la labor en su momento y que solo se implementaran después de que una persona murió tras la intervención de los árboles.

La intervención de las especies arbóreas se desarrolló durante todo el sábado y además implicó que se hiciera la suspensión del servicio de energía y el desmonte de las luminarias LED y red de alumbrado público por parte de Celsia e Infibagué, medidas que se presume no se tomaron con anterioridad y hubiesen prevenido la tragedia que hoy enluta a una familia. 

El contratista

Si bien desde Cortolima se ha explicado que la intervención estuvo a cargo de un contratista y no se ha ahondado más en el tema, esta redacción conoció que el contratista en mención sería la empresa Obras y Consultorías Eficientes SAS, con quien se suscribió un proceso de selección abreviada de menor cuantía por $77 millones 350 mil pesos. 

El objeto del contrato es realizar un establecimiento forestal en el marco de las acciones recomendadas para la adopción del plan maestro de silvicultura y según el portal de contratación estatal Secop II, el mismo culmina el próximo 29 de mayo.

Aunque se hizo la tala de árboles sobre la calle Diez, en los documentos allegados en su momento por la CAR para la elección de oferentes, sólo se preveía la tala de cinco de estos en el parque Centenario, pero todos al interior de las instalaciones y no como ocurrió.

Sin embargo, en un documento allegado el 25 de abril, dos días antes de la tragedia, el supervisor del contrato le pedía a la entidad tomar una decisión urgente frente a la tala de un árbol por el estado crítico en el que estaba por la pudrición en el fuste y por el riesgo de caer sobre la vía peatonal y vehicular, situación que se presume ocurrió con las demás especies y que derivó en su corte.

El proceso contractual suscrito con la CAR recoge procesos de siembra, tala y extracción de tocones -sección del tronco que queda en el suelo unida a la raíz- no solo en el Centenario, sino sobre la avenida Ambalá y Guabinal. 

Sobre este trámite contractual, la CAR ya había hecho un segundo requerimiento también por el supervisor por el incumplimiento en el contrato, según se lee en el documento expedido el 6 de abril por una ejecución nula en lo contratado, “se advierte que actualmente se encuentra en un 0 % de ejecución financiera y física, pese a requerimiento realizado a ustedes el 8 de marzo de 2022”, expresó la CAR alegando un incumplimiento de las obligaciones.

Tala arboles

Denuncian arboricidio

El proceso de la tala de árboles también ha generado una ola de indignación por parte de diferentes ciudadanos, quienes reseñan que la medida fue radical y que se hubiesen podido adoptar otras alternativas. Incluso se realizó el sábado una velatón como acto de protesta. 

A través de las redes sociales el que se pronunció fue el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien calificó lo realizado como un arboricidio, “hay administraciones que sencillamente no tienen personas en su mando con la capacidad mental que se requiere. 

Manifiesto mi protesta y dolor por el arboricidio en la calle Diez de mi amada Ibagué. La incompetencia siempre nos llevará al fracaso”, dijo el exmandatario. 

El diputado Marco Emilio Hincapié también le pidió explicaciones a las autoridades, “como ibaguereño y Presidente de la Asamblea Departamental del Tolima, le pido a la Alcaldía de Ibagué y a Cortolima que nos den explicaciones de por qué se está cometiendo este arboricidio. Es triste ver cómo destruyen nuestra ciudad por su ineficiencia y falta de planificación. ¿Qué estudios sustentan esta decisión?”, reseñó. 

El concejal Javier Mora también le pidió a la Alcaldía dar claridad sobre quién está haciendo la tala de los árboles, si tiene los permisos respectivos, si se hizo una visita técnica y si se evaluó la salud de los individuos arbóreos.

Otro ciudadano inconforme reseñó, “arruinaron uno de los sectores más bellos de la ciudad y quitaron el encanto del tan mentado eje cultural que une al Panóptico con el Conservatorio del Tolima. La excusa fue el accidente ocurrido en días pasados cuándo un árbol se desplomó y mató a un ciudadano, bajo esa misma lógica es posible que los siguientes en la lista del grotesco arboricidio sean los de la carrera  Quinta o los de la Plaza de Bolívar. Cortolima y la Administración Municipal deben dar explicaciones a la ciudadanía”, acotó.

¿Y las pólizas?

Frente a este proceso de selección abreviada de menor cuantía se conoció que en el contrato se exigió como garantía de la CAR una póliza con la que se pretendía se amparara el cumplimiento del contrato, la calidad de los bienes, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por el 20 % del valor del contrato y tres años más, y la responsabilidad civil extracontractual por $200 millones.

Dicha póliza se suscribió con la empresa Seguros del Estado y tiene una vigencia hasta el 1 de junio en donde se cubre la afectación a terceros.

No obstante, una fuente le indicó a esta redacción que el Consejo de Estado ha sido claro que en los casos en los que surgen víctimas o daños a terceros la responsabilidad es solidaria, “en tanto que el colaborador-contratista estaba ejecutando actividades propias a la misión de la autoridad ambiental”. El profesional contactado por esta redacción hizo relación al caso de un hombre que falleció cuando realizaba labores de poda en el parque embalse Neusa luego de que le cayera un árbol encima, para este caso se condenó a la CAR de Cundinamarca y a la empresa contratista.  Asimismo, recordó que para esta clase de procedimientos existen unos protocolos establecidos que se debieron adoptar.

 

El Nuevo Día

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