De acuerdo como lo estableció Caracol Radio serían cerca de 40 oficiales, 30 suboficiales y 40 soldados profesionales quienes habrían participado en acciones militares que acabaron con la vida de más de 50 personas en al menos 53 municipios de Caldas, Quindío y Risaralda y que aún continúan estando en servicio.

Los militares, en su mayoría, están vinculados a las Fuerzas Especiales del Guaviare, Antonio Ricaurte de Bucaramanga, Mártires de Puerres en Popayán, la base de Tolemaida y el batallón Ayacucho de Manizales.

Las acciones fueron perpetradas entre los años 2002 y 2008.

El abogado Jorge Eliécer Molano, quien representa a las familias de las víctimas, confirmó que fue notificado de la totalidad de los procesos y fue claro en decir que reclamará una indemnización del Estado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que el Gobierno nacional entregará toda la colaboración necesaria para adelantar esta nueva investigación que se conoce por posibles ejecuciones extrajudiciales.

También señaló que el Estado espera que haya total ecuanimidad en el desarrollo de estos procesos y que el Gobierno está interesado en que se adelanten esas investigaciones que terminen aclarando cada uno de estos casos.

Según el funcionario, el Gobierno todavía no ha sido informado por la Fiscalía de la apertura de esta nueva investigación.