El proyecto de reforma constitucional de Marco Legal para la Paz, que se discutió ayer en su sexto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, tendrá un período de caducidad de cuatro años.

Así lo estableció la ponencia de la iniciativa para su sexto debate, en la cual se especificó que dicho período de tiempo iniciará una vez el presidente Juan Manuel Santos, radique ante el Congreso la ley ordinaria que regulará esa reforma constitucional.

De otro lado, varios representantes a la Cámara señalaron que el Marco Legal para la Paz no es sinónimo de impunidad, en respuesta a la comunicación de la Human Rigth Watch que considera que podría llevar a la “exención generalizada de delitos aberrantes” cometidos por los actores del conflicto.

De acuerdo con el director de la organización, José Miguel Vivanco, esto llevaría a la Fiscalía a la posibilidad de limitar el procesamiento penal a los “máximos responsables” de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”.

Así mismo otorgaría facultades al Congreso para poder ordenar la suspensión de las penas impuestas por los jueces contra los actores armados, en especial, a los jefes de las organizaciones ilegales.  Un aspecto no menos importante, es que la ley también estaría en la facultad de escoger y dar un trato diferenciado a los distintos actores que hayan participado en el conflicto.

Uno de los congresistas afines al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el representante Miguel Gómez del Partido de la U, se declaró a favor de la comunicación de Vivanco y advirtió que suspender la acción penal es la puerta abierta a la impunidad.

“Otro de los temas se relaciona con la idea de que podemos escoger a quienes vamos a juzgar, esos dos principios permitirían que quienes han violando los DD.HH y el DIH nunca reciban castigo”, puntualizó Gómez.
 
Las justificaciones
El ponente de la iniciativa Representante del Partido de la U, Carlos Edward Osorio señaló que aunque la iniciativa no es la panacea, si es un primer paso para lograr la reconciliación.

“El marco jurídico para la paz como política de Estado pretende entronizar en la Constitución unas estrategias y unas herramientas, no es un camino a la impunidad, la justicia transicional es una justicia aceptada internacionalmente, que se pretende; reconocer una realidad se han vulnerado y se han violentado los DDHH, pero lo que buscamos es garantizar la no repetición, pero la única manera es obteniendo la verdad, la justicia y la reparación”, puntualizó.

Para el coautor de la iniciativa Alfonso Prada, del Partido Verde, lo que se busca es todo lo contrario a la preocupación de la ONG internacional, es atacar la impunidad.

“Yo creo que lo que estamos haciendo en el marco constitucional para la paz es evitar que haya impunidad en Colombia, impunidad es la que ha habido hasta hoy, no hay sindicados, no hay procesos, no hay absolutamente nada. Lo que nosotros estamos haciendo de verdad es creando un marco legal para poder perseguir a los cabecillas de la delincuencia en Colombia, a los de los grupos guerrilleros, poderlos someter y claramente poderlos juzgar y condenar”, dijo Prada.