Las Farc calificaron la propuesta como un “adefesio jurídico”, por lo que -dicen- rechazan el que se penalice a quienes “obstruyan vías y a quienes inciten a protestar”. También rechazan que se exija permiso para protestar puesto que, según ellos, la “naturaleza de una protestas es la de ser una expresión de rechazo a una actitud o a una decisión oficial”. 

Según Pablo Catatumbo, quien habló sobre este tema, afirmando que se está preparando el terreno para el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno. La Fuerza Pública se dispone a “aplastar a quienes insistan en movilizarse para exigir sus reivindicaciones”. 

Por esta razón, afirman que debatirán esta situación al interior de la mesa de conversaciones durante la discusión del segundo punto de la agenda definida sobre la participación política y que “levantarán su voz” en favor de los derechos ciudadanos y campesinos. 

Mientras las conversaciones van en su ciclo número 15 y no se ha avanzado más allá en la agenda, las Farc expresan su rechazo a la política de “seguridad nacional” del Gobierno afirmando que ésta “es copiada e impuesta por el gobierno de los Estados Unidos”. 

La comisión negociadora concluye su pronunciamiento diciendo que “Colombia requiere que se establezca urgentemente una verdadera doctrina de seguridad humana”.