Además señaló que la Unidad debe explicar igualmente cuáles son los criterios que utiliza para establecer si el desplazamiento forzado por acciones de las bacrim tiene relación cercana y suficiente con el conflicto armado.
La petición de información la hizo la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 que declaró un estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado y que determinó hace varios años que la Ley de Víctimas también cobija a las víctimas de las bandas criminales.
La Sala señaló que la información es necesaria para poder continuar con el seguimiento de la política pública de atención a la población desplazada, en la cual se han encontrado fallas como la falta de financiación para las indemnizaciones, restricciones para las víctimas para acceder a la misma y la falta de claridad de la respuesta estatal en el caso de víctimas de las bandas criminales.
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