En las últimas horas, el procurador general Fernando Carrillo Flórez, el director de la agencia, Camilo Gómez Alzate, la viceprocuradora Adriana Herrera Beltrán y el delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, se reunieron para definir una hoja de ruta que le cierre la puerta a los corruptos y a la impunidad.

Las dos entidades iniciaron el análisis de los efectos que tendría la decisión de la Cidh sobre los procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular comprometidos con la desviación de recursos públicos, afectación a los derechos fundamentales y obstrucción a la justicia.

Entre las estrategias que se exploran están la revisión de los instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el control de convencionalidad frente a otros tratados suscritos por Colombia.

Expertos internacionalistas han considerado que la Corte Interamericana exige una serie de reformas a las facultades del Ministerio Público, haciendo caso omiso de la tradición constitucional y de la jurisprudencia en Colombia.