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Aunque la alcaldesa aseguró que ya había llegado a un acuerdo con el Gobierno para que se hiciera cargo de la logística de recibir a miles de miembros de las comunidades indígenas en la capital, el Gobierno la desmintió.
La alcaldesa aseguró este fin de semana que 9 de cada 10 protestas que se llevan a cabo en Bogotá van dirigidas contra el Gobierno nacional y pidió al presidente resolver las diferencias con la ciudadanía de manera pacífica para minimizar la afectación a Bogotá.
"En mi opinión y la de la Alcaldía de Bogotá, la movilización social que se está dando en Colombia desde el año pasado y que ha continuado este año, no se va a solucionar a punta de fuerza y protocolo. Esas movilizaciones de jóvenes, mujeres, organizaciones sociales o la minga indígena que viene caminando desde el Cauca, tienen reclamos legítimos que debemos atender", dijo la alcaldesa, pese a que reconoció los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno para dialogar con los líderes de la minga.
Añadió que "la respuesta a las demandas legítimas, a los dolores, a las preocupaciones y a las necesidades de la gente, no pueden ser solamente protocolos (...) Se necesita una respuesta social y económica".
El director del departamento administrativo de la presidencia, Diego Molano, le respondió a la alcaldesa que "así como reclamó control sanitario en el aeropuerto, con esa misma vehemencia debe garantizar control y cordón sanitario con los miembros de la Minga que llegan a Bogotá. El Gobierno Nacional siempre dispuesto ayudar y coordinar con autoridades sanitarias locales".
El Ministerio del Interior, por su parte, aseguró que le ha cumplido a las comunidades indígenas.
"Le cumplimos a la Minga de Suroccidente con inversiones que superan los $344 mil millones durante los años 2019 y 2020. Para el 2021 ya se aseguraron recursos superiores a los $296 mil millones", afirmó la entidad.
Propuesta económica para Bogotá
La alcaldesa de Bogotá también dio a conocer una propuesta del Distrito, denominada 'Acuerdo Social por Bogotá', la cual será expuesta al Ministerio de Hacienda y con la que se busca ayudar a jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad económica. El monto estimado del proyecto es de 3,4 billones de pesos, de los cuales la alcaldía pondría 1,6 billones y el Gobierno Nacional 1,8.
'Acuerdo social por Bogotá' se divide en seis ejes de inversión: un ingreso mínimo garantizado para 900 mil hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad; la destinación de 695.000 millones de pesos del presupuesto del programa para garantizar empleo y educación para los jóvenes; subsidios parciales para salud y vinculación de la población no afiliada; apoyo a microempresas; soluciones en empleo y vivienda; y una redistribución de las laborales de cuidado para estimular el empleo en las mujeres.
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