¿Quién es Emilio Tapia y qué tiene que ver con el escándalo del MinTIC?

Crédito: COLPRENSA / EL NUEVO DÍA
Personal del CTI de la Fiscalía capturó en la mañana de este lunes, en la ciudad de Barranquilla, a Emilio Tapia, por su presunta participación en el escándalo por el millonario contrato del Ministerio de las Tic con Unión Temporal Centros Poblados, que buscaba brindar conectividad a las áreas más alejadas del país.
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La detención de Tapia, condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá y quien se encontraba en detención domiciliaria, ocurrió en la clínica La Misericordia, a donde llegó al parecer por una crisis de salud.

El hombre, que será presentado ante un juez de Bogotá, fue puesto a disposición de un juez de control de garantías para que legalicen formalmente la detención.

Así mismo, el representante de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque, fue detenido por miembros de la Fiscalía en Medellín, Antioquia.

Junto a él, según confirmó el ente acusador, también fue capturado Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de seguros, empresa donde se habrían tramitado las garantías bancarias falsas que presentó Centros Poblados para ganar el millonario contrato, en el que se embolató el anticipo de 70.000 millones de pesos.

¿QUÉ TIENE QUE VER EMILIO TAPIA EN EL ESCÁNDALO?

La Fiscalía aún no ha revelado las razones por las cuales estimó necesaria la detención de Emilio Tapias y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre su participación en este escándalo, que terminó con la renuncia de la ministra Karen Abudinen el pasado 9 de septiembre.

No obstante, de manera preliminar, se conoció que el contratista sería el dueño ‘en la sombra’ de una de las empresas que conforman Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros.

Esta sociedad, que hasta hace un año era propiedad de Luis Guillermo Meza Barragán y el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dedicada a la construcción de obras civiles y participación en contratos estatales y privados de infraestructura vial, sería propiedad de Tapia.

Aparentemente, el contratista estaría detrás del 80 % del consorcio, por lo que la Fiscalía estaría realizando un rastreo de cuentas y dineros que fueron trasladados a cuentas del exterior, en donde presuntamente fue enviado el dinero del anticipo y en donde están las sedes de las dos empresas que supuestamente firmaron con el consorcio.

En ICM Ingenieros, el 10 de diciembre de 2020, se habría cambiado la dirección de la empresa asumiendo Herles Rodrigo Ariza, una persona de confianza de Emilio Tapia, que es cercano a negocios con los hermanos Nule y a quien Tapia había hecho nombrar para que estuviera al frente del negocio.

En este escándalo no solo suena Tapia, conocido como el ‘zar de la contratación’, también Álvaro Cruz, exgobernador de Cundinamarca y condenado por corrupción, quien al parecer era el dueño de la empresa ICM Ingenieros, dos meses antes de la firma del contrato con el MinTic.

En las próximas horas se espera que se lleven a cabo las audiencias de legalización de captura contra los tres detenidos.

Cabe recordar que el pasado 13 de septiembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó medidas cautelares a la Unión Temporal Centros Poblados, en el marco de la investigación.

En su decisión, ordenaron que se levante el velo corporativo para determinar la identidad de los socios, de las personas que integran las sociedades o fundaciones que hacen parte de la Unión Temporal y “poder recurrir a los bienes que integran sus patrimonios, con el fin de evitar un posible daño al patrimonio del Estado o de terceros”.

Además, el Tribunal ordenó el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, etc, que tengan Centros Poblados, los socios de los miembros y miembros que integran la Fundación de Telecomunicaciones, Icm Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Bulding.  

El monto del embargo fue por el valor del anticipo pagado a la Unión Temporal, esto es: 70.243.279.599 pesos.

EL ESCÁNDALO

Este escándalo comenzó en diciembre de 2020, cuando se adjudicó el contrato para proveer la conectividad de colegios en regiones apartadas del país a la Unión Temporal Centros Poblados, sobre la cual existían desde un principio serias dudas sobre su capacidad para cumplir con el contrato.

El hecho que provocó la indignación de la opinión pública, y que a la larga terminaría con la salida de la ministra, ocurrió en junio pasado, cuando seis meses después de adjudicado el proyecto se descubrió, en medio de una audiencia por el incumplimiento en que ya se encontraba Centros Poblados, que la garantía no era reconocida por el Banco Itaú, entidad que supuestamente la había expedido. Es decir, la garantía era falsa.

Para ese momento, ya se había entregado a Centros Poblados un anticipo de 70 mil millones de pesos, dinero que según se conoció después a través de los medios de comunicación, salió del país, sin que se pudiera seguir su rastro.

Aún es incierto que se pueda recuperar esos recursos, a pesar que la ministra Abudinen decretó la caducidad del contrato con Centros Poblados y lo asignó a ETB, que había ocupado el segundo lugar en la convocatoria.

 

COLPRENSA

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