Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró en juicio que el procesado fue quien, entre 2017 y 2018 envió mensajes intimidatorios a través de redes sociales contra las víctimas.

Según la Fiscalía, por la contundencia del material probatorio técnico y testimonial presentado, además de la pena principal impuesta por el delito de amenazas, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, le ordenó a Ortega Martínez el pago de una multa de 29,77 salarios mínimos legales vigentes y lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 48 meses.

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