El expresidente Rafael Correa, una de las figuras con mayor peso en la política ecuatoriana, se sienta en el banquillo de los acusados por corrupción.

Lo que ha sido bautizado por medios locales como el “Juicio del Siglo” por su magnitud, concentra actualmente la atención en el país andino por su magnitud. Es un proceso que no solo involucra a Correa, sino a otras 20 personas, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, dos exministros y empresarios.

Son acusados del delito de cohecho, en el marco del llamado caso “Soborno 2012-2016”, por haber supuestamente canalizado más de 7,5 millones de dólares en pagos de empresas privadas para financiar ilegalmente la campaña electoral de Correa a cambio de contratos públicos. Un delito que en Ecuador se castiga con hasta cinco años de cárcel.

El juicio podría prolongarse por varios meses, y el veredicto podría determinar el escenario electoral en 2021, donde Correa aspira a ser elegido legislador.

De hecho, el exmandatario izquierdista, que gobernó Ecuador durante una década y que reside desde 2017 en Bélgica, ha tachado el proceso penal en su contra como una “persecución política” orquestada por el propio presidente Lenín Moreno.

Hay que tener presente que Correa, y su partido Alianza Paíz, gozan de gran aceptación entre los ecuatorianos, y muchos evocan su mandato como una época en la que ‘estaban mejor’.

Un proceso politizado

La lectura que hace Mauricio Jaramillo, analista político y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, es que es un “juicio lleno de contradicciones”.

De esta manera se refiere a los cambios en la Fiscalía ecuatoriana, que fue básicamente desde la llegada de Moreno al Palacio de Carondelet en mayo de 2017.

Además, en su criterio, “es evidente la politización” del proceso, y se ha tratado de montar al menos 30 procesos en contra de Correa, que van desde el intento de secuestro de Fernando Balda (político opositor) hasta el tema de la corrupción”.

Cuestiona que las pruebas que se han aportado son muy débiles, y para él, es claro el afán del establecimiento actual ecuatoriano porque se avizora un proceso electoral el próximo año, “y ese afán por desacreditar a Rafael Correa”.

En definitiva, Jaramillo vaticina que este proceso se intensificará en la medida en que se acerque el escenario electoral de 2021.

Todo esto sumado a que “la popularidad del presidente Moreno está por el piso, y que hizo un pacto con la derecha ecuatoriana, especialmente de Guayaquil, para continuar gobernando”, menciona.

Como se recordará, Ecuador se vio envuelto en una crisis social, en octubre pasado, desatada por la eliminación de los subsidios a los combustibles en el marco de medidas acordadas con el FMI que posteriormente derivaron en manifestaciones sociales que pusieron ‘en jaque’ la gobernabilidad del presidente derechista Moreno.

“Hay una ventana de oportunidad política”, insiste el docente universitario, quien cree que en ese país hay muchas fuerzas interesadas en que el correísmo continúe incluidos los indígenas de Conaire y la izquierda recalcitrante.

En medio de este contexto de tensión social y económica, Correa ha aprovechado además para irse lanza en ristre contra Moreno, su antiguo aliado político y exvicepresidente a quien acusa de haber traicionado los principios de Alianza País.

Cristian Gómez, analista internacional y docente de la Universidad Industrial de Santander, UIS, concuerda con Jaramillo, en el sentido de que es un juicio que “tiene cierto tinte político”.

Y formula una pregunta al respecto: “¿Si los sobornados eran miembros de Alianza País, por qué el actual presidente quien fuera vicepresidente no está investigado?”.

Por ello, examina que el tema hay que analizarlo dentro de la estrategia que se ha utilizado en el continente de la justicia con fines políticos, citando lo sucedido “en Argentina y Brasil en donde a través de los jueces se incidió en la contienda electoral”.

En virtud de ello, alude a que el juez Bruno Moro que adelantó el juicio “Lava Jato” sobre el caso Odebrecht en Brasil es hoy ministro de justicia en ese país.

Para Gómez, “el juicio de Rafael Correa es una continuidad de esta estrategia. Hasta el momento no se tienen pruebas contundentes de la forma como se llevaron a cabo los sobornos de estos funcionarios”.

Igualmente señala que si se miran cómo se desarrollan estas investigaciones, surgen a partir de testimonios de personas que hacen acuerdos con la justicia para cesar procedimientos contra ellos y hacen declaraciones contra figuras políticas como Correa, Lula o Kirchner. Y el método en todos los casos es similar”.

Esta idea es compartida por Juan Carlos Sierra Sánchez, historiador y politólogo, de la Universidad Virginia Tech (Estados Unidos), quien estima que el juicio contra Correa “tiene tanto de retaliación política como elementos propios de una saga que en Latinoamérica ocurrieron con los juicios al expresidente Lugo en Paraguay y Lula en Brasil”.

Le resulta paradójico que sea su exvicepresidente, hoy presidente (Lenín Moreno) el que impulse el juicio, “con la posibilidad de exponerse directamente a los efectos colaterales del proceso que inicia”.

El docente universitario y consultor a través de la Fundación RedJuventud, va más allá, al considerar que “el juicio es una importante demostración de la instrumentalidad de los sistemas de justicia en Latinoamérica para visibilizar u ocultar casos de corrupción, particularmente durante los gobiernos de izquierda que se sucedieron durante las últimas décadas”.

Incluso, a juicio de Sierra Sánchez, el problema radica en que la justicia así como puede obstaculizar los propósitos de Correa por hacerse senador en 2021, también demuestra “el arraigado desprestigio internacional de las instituciones de justicia y de control al Ejecutivo en la región”.

“Cortina de humo”

Frente a toda esta situación, opina que las acusaciones de que el juicio es una “cortina de humo” gana fuerza, en particular porque la ampliación de la capacidad de endeudamiento fue un punto prioritario en la agenda legislativa y económica del presidente Moreno, así como el bloqueo de las posibilidades de Correa para hacer uso del fuero presidencial, lo que lo llevó a terminar viviendo en Bélgica.

En últimas, el efecto de cualquier manera en este caso, será más inestabilidad para Ecuador, un país “que enfrenta un regreso a los viejos problemas económicos e institucionales que caracterizaron las décadas de 1980 y 1990, y un profundo cuestionamiento a las instituciones”.

Destacado

El juicio fue suspendido ayer hasta que se resuelva un recurso de recusación interpuesto por la defensa de Correa.

Dato

La popularidad de Lenín Moreno no supera el 20%, según recientes encuestas.